El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió al Tribunal Administrativo de Antioquia abrir un incidente de desacato contra el Gobierno Nacional tras incumplir la orden judicial que lo obligaba a pagar las millonarias deudas que mantiene con hospitales y clínicas del país.
El plazo de pago venció este martes sin que la Nación girara los recursos, lo que abre la puerta a sanciones económicas e incluso arresto para los ministros de Salud y Hacienda, responsables directos según la decisión judicial.
La acción se desprende de la Acción Popular interpuesta por Gutiérrez el 30 de mayo, en la que exigió el pago de $20,3 billones que adeuda la Nación al sistema de salud. El Tribunal falló a favor el 11 de julio y fijó como fecha límite el 20 de agosto para ponerse al día, algo que no ocurrió.
“El Gobierno Nacional ha incumplido con sus obligaciones y ahora incumple una decisión de la justicia. Nadie puede estar por encima de la ley”, señaló el mandatario.
En Medellín, la situación es crítica: el Hospital General acumula deudas por $128.000 millones, Metrosalud por $32.000 millones y el Hospital Infantil Concejo de Medellín por $9.200 millones. Algunos centros de atención apenas reciben el 6 % de los recursos en cartera, poniendo en riesgo la atención de miles de pacientes.
La demanda fue respaldada por la Gobernación de Antioquia, la Personería de Medellín, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades públicas y privadas.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal reaccionó al incumplimiento del Gobierno y aseguró que se requiere “reconstruir el sistema con lo que quede de este desastre”.
La dirigente señaló que la solución no pasa por imponer un esquema netamente público, sino por fortalecer un modelo mixto que combine la eficiencia privada con el deber estatal de garantizar la cobertura. Para Cabal, la salud debe ser un derecho, pero con espacio para la competencia entre prestadores que impulse la calidad del servicio.
Agregó que es necesario crear un Fondo de Garantías que garantice la atención médica de los pacientes incluso en caso de liquidación de EPS, así como implementar una UPC diferencial basada en resultados, que premie a las entidades que hacen bien su labor y sancione a las que descuidan a sus usuarios.
La precandidata también insistió en que se deben acabar las intervenciones con fines politiqueros, reemplazar EPS inviables con procesos de transición ordenados, blindar los presupuestos de la corrupción y garantizar condiciones laborales dignas para médicos y personal de salud.
En su visión, la tecnología será clave para el futuro del sistema: con el uso de inteligencia artificial, telemedicina e interoperabilidad de historias clínicas a nivel nacional, sería posible llevar atención preventiva y eficiente incluso a las zonas más apartadas del país. También planteó invertir en infraestructura hospitalaria rural y crear programas especiales para enfermedades de alto costo o raras, asegurando acceso equitativo a tratamientos.
“La salud de los colombianos no puede quedar a merced de la ineficiencia y el despilfarro. Nunca más EPS intervenidas por afán politiquero. Y algo fundamental: al que cuida hay que cuidarlo. El personal de salud que aplaudimos en pandemia no puede seguir siendo tratado como trabajadores de segunda categoría”, afirmó Cabal.