Descentralización ordenada.

Por Kevin Cárdenas Triana Columnista de Diario Editorial

En los últimos días ha generado un enorme debate en el país el proyecto de acto legislativo que cursa por el Senado de la República, que tiene como objetivo darle cumplimiento a la constitución del 91 en lo que refiere a un estado ´descentralizado.

Está muy bien la descentralización, yo en lo personal, he sido uno de los defensores de esta, pero el primer paso que debiera haber tenido este proyecto es la definición de competencias de las regiones y resolver preguntas muy específicas como, por ejemplo:

¿cómo sería la asignación de los recursos a los departamentos? También, sobre: ¿bajo qué concepto se harán las asignaciones de los gobernadores a los municipios? ¿qué nuevas competencias van a tener los alcaldes y qué nuevas competencias van a tener los gobernadores? ¿qué nuevas responsabilidades van a tener los alcaldes con las gobernaciones? ¿se permitirá la creación de nuevos impuestos diferenciales en departamentos? ¿hasta dónde llegará la libertad de gravámenes fiscales y tributarios de alcaldes y gobernadores?

Estas preguntas deberían ser resultas dentro del proyecto de Acto Legislativo que se está debatiendo a día de hoy, pero, no es así; porque en este proyecto se empieza al revés primero se habla de un porcentaje y de dinero que se les dará a las regiones y no de las competencias para los departamentos, lo que parece extraño y, sobre todo, paradójico.

Y aquí es donde de manera personal encuentro yo el problema, cuando las cosas se hacen mal hechas por buena que sea la intención, no acabará cumpliendo su objetivo, por el contrario, se verá afectado.

Esta reforma debiera, como primero, definir de manera clara y detallada las competencias de los departamentos, los compromisos que va a adquirir también la administración central con los departamentos y luego ahí sí, en un debate extenso y riguroso, hablar de porcentajes y de destinación de los recursos, también es muy importante hablar de la formula que se utilizará para hacer dicha distribución y que la misma respete el principio fundamental de la equidad, y sobre todo, no genere desigualdades y no represente riesgos de estabilidad fiscal para el país a mediano plazo.

La intención de esta reforma es claramente buena, la celebro, era un debate que había que tener desde hace mucho tiempo en el país, pero insisto; las cosas se deben hacer con absoluta responsabilidad y pensando en la estabilidad fiscal a mediano plazo, no de manera apresurada, si corrigen esto a lo mejor el nuevo modelo funcionará, pero seguiré insistiendo en que falta responsabilidad en el debate…