El cerco judicial se estrecha sobre Martha Peralta Epieyú, senadora guajira y una de las voces más activas en defensa del gobierno de Gustavo Petro. Lo que en principio parecían rumores y filtraciones aisladas de la Corte Suprema de Justicia, hoy se configura en un expediente con dos frentes claros: un patrimonio que no cuadra con lo declarado oficialmente y un vínculo indirecto con la trama de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que ha llevado a prisión a varios de sus protagonistas.
Un informe de El Tiempo encendió las alarmas al revelar que, mientras en su declaración de renta de 2022 la congresista reportó dos inmuebles en Bogotá valorados en 417 y 113 millones de pesos, además de un bien mueble de 45 millones, los registros oficiales de la Superintendencia de Notariado y Registro muestran otra realidad: siete propiedades en total, distribuidas en Bogotá, Riohacha y Barranquilla. Cuatro de esos bienes también aparecen a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez.
Las cifras tampoco coinciden. En el documento tributario, Peralta declaró un patrimonio bruto de 673 millones, deudas por 360 millones y un saldo líquido de 305 millones, con ingresos anuales de 220 millones. Sin embargo, los inmuebles identificados por la Unidad de Datos del diario capitalino están en zonas de alto valor comercial, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia de su información financiera.
Frente a estas revelaciones, la senadora reaccionó con dureza en su cuenta de X. “Hasta cuándo los procesos judiciales de la Corte Suprema van a verse afectados por la intromisión de ciertos medios de comunicación, aliados con la derecha”, escribió, y agregó que la filtración de piezas judiciales constituye una “grave violación al debido proceso” y a la presunción de inocencia.
Peralta anunció que no continuará en el debate mediático y que limitará sus respuestas al escenario judicial. En un pronunciamiento público, defendió su trayectoria como líder social: “He trabajado con convicción por la reivindicación de las comunidades indígenas de mi región y del país, siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley”.
Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios recordaron que los precedentes no juegan a su favor. En el escándalo de la UNGRD, varios de los involucrados siguieron un libreto similar: negaron los hechos, denunciaron persecución política y terminaron tras las rejas o convertidos en testigos de cargo.
Ese patrón, hasta ahora sin excepciones, es el que hoy persigue a Martha Peralta. Su dilema es claro: insistir en la narrativa de persecución política o dar explicaciones de fondo sobre las inconsistencias en su patrimonio. La historia reciente sugiere que quienes han optado por la primera vía terminaron frente a los jueces, con el tiempo y las pruebas en su contra.