El Gobierno radicó ante el Congreso una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como “un paquete fiscal estructurado y completo” para responder a la crisis de las finanzas públicas. Según el funcionario, se trata de una medida necesaria frente al desequilibrio estructural que compromete la estabilidad macroeconómica del país.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la reducción en la base del impuesto al patrimonio de 72.000 UVT ($3.585 millones) a 40.000 UVT ($1.991 millones), lo que ampliará el número de contribuyentes obligados a pagarlo. A esto se suma el aumento de la tarifa máxima de este impuesto, que pasa del 1,5 % al 5 %.
La iniciativa también contempla un alza en la tasa marginal máxima del impuesto de renta para personas naturales, que sube del 39 % al 41 %, y el incremento del impuesto a los dividendos recibidos por inversionistas no residentes hasta el 30 %.
El capítulo del IVA no se queda atrás: más de 40 medidas fueron incluidas, entre ellas elevar del 5 % al 19 % el IVA a vehículos híbridos y fijar el 19 % para el ron, el aguardiente y los vinos. Además, la reforma plantea gravámenes adicionales que encarecerán la cerveza, los espectáculos públicos como conciertos y partidos de fútbol, los juegos de azar y hasta las cuotas de administración de edificios.
Ávila añadió que la Dian deberá implementar nuevos mecanismos para gravar las cirugías estéticas, el transporte de valores y el arrendamiento de espacios para exposiciones.
El tributarista Juan Pablo Suárez, en entrevista con la revista Semana, fue categórico: “Me atrevo a decir que es el proyecto más agresivo en recaudo de los últimos años. El impacto es totalmente transversal para personas naturales, empresas y diferentes sectores regulados.”
Según Suárez, para profesionales y personas naturales, la escala de renta subirá, incluso con una nueva tarifa de hasta el 41 %. Además, se proyecta eliminar varios alivios que hoy funcionan como respiro para los contribuyentes, como el descuento sobre las primeras 1.090 UVT de dividendos que reciben las personas naturales y la deducción por dependientes económicos, considerada uno de los pocos beneficios efectivos en el impuesto de renta.
Con este panorama, sectores críticos aseguran que el Gobierno busca cubrir un presupuesto récord de $557 billones “reventando” a la clase media y trabajadora, mientras persisten denuncias de despilfarro y corrupción en diferentes frentes estatales.