La Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió este 3 de septiembre la ponencia para primer debate del Proyecto de Acto Legislativo 061 de 2025, el cual busca eliminar las contralorías departamentales, distritales y municipales, transfiriendo sus funciones a la Contraloría General de la República. La iniciativa fue respaldada por el representante antioqueño Hernán Cadavid, quien argumentó que el modelo actual ha demostrado ser ineficiente, vulnerable a la corrupción y sujeto a cooptación política.
El proyecto propone reformar seis artículos de la Constitución (272, 268, 274, 291, 300 y 308), otorgando un plazo de hasta dos años para que la Contraloría General asuma plenamente las nuevas competencias. Durante ese tiempo, la Auditoría General continuará ejerciendo control sobre la entidad nacional. Según la ponencia, la elección de contralores por parte de asambleas y concejos facilita la llamada “captura del regulador”, al convertir estos órganos de control en herramientas de clientelismo o retaliación política. También advierte sobre las marcadas desigualdades técnicas y presupuestales entre las contralorías locales, lo cual limita su efectividad en la lucha contra la corrupción.
El representante Cadavid sustentó su propuesta con estudios académicos e informes institucionales, uno de los cuales señala que 18 de las 32 contralorías departamentales presentan un riesgo alto o muy alto de corrupción, incluso mayor al de las gobernaciones. Asimismo, la Auditoría General ha reportado históricamente tasas mínimas de recuperación en procesos de responsabilidad fiscal, en algunos casos por debajo del 1 %.
En términos jurídicos, la ponencia recuerda que el Congreso tiene competencia para modificar la Constitución y que esta reforma busca fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público. También aclara que no se identifican conflictos de interés directos para los congresistas, salvo aquellos con familiares que tengan contratos con contralorías territoriales. Aunque la propuesta pretende unificar estándares técnicos y reducir la politización del control fiscal, algunos sectores advierten que podría derivar en una concentración excesiva de poder en la Contraloría General, debilitando la autonomía territorial.
Con esta ponencia positiva, el Congreso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la efectividad del sistema de control fiscal en Colombia, una de las áreas históricamente más cuestionadas por su fragilidad institucional frente al clientelismo y la corrupción estructural. El proyecto ahora deberá superar los ocho debates requeridos para una reforma constitucional.