El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, al considerar que habrían participado en un entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión negó la solicitud de detención domiciliaria y concluyó que la libertad de los exfuncionarios representa un riesgo para la investigación.
La determinación fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, de la Sala Plena, quien respaldó los argumentos de la Fiscalía y sostuvo que ambos exministros, en ejercicio de sus cargos, habrían actuado de manera coordinada dentro de una “división de tareas” destinada a beneficiar a congresistas a cambio de su respaldo a iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo.
“La Fiscalía acreditó que las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal del cargo, se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas y operaban a través de terceros”, señaló la magistrada en su providencia.
El tribunal consideró improcedente la solicitud de casa por cárcel, al precisar que se trata de una medida sustitutiva que solo puede evaluarse una vez se determine la necesidad de privación de la libertad en establecimiento penitenciario. En ese sentido, la magistrada indicó que la medida no se sustenta en un riesgo de fuga inmediata, sino en la necesidad de evitar la rearticulación o continuidad de prácticas de direccionamiento contractual propias de esquemas de corrupción de alta complejidad.
Para la Sala, la gravedad de los delitos imputados y la naturaleza de las conductas justifican la adopción de la medida más severa, al considerar que los exministros representan un riesgo para la sociedad tras, presuntamente, haber utilizado sus cargos para influir de manera indebida en procesos legislativos y administrativos. “Se envió un mensaje equivocado a la sociedad sobre las acciones en los ministerios y el Congreso, minando la credibilidad en las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo”, afirmó Rosero.
Durante la audiencia, la magistrada hizo referencia a un encuentro denominado el “cónclave”, realizado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, en el que habrían participado, entre otros, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; el director de la Ungrd, Olmedo de Jesús López; y varios ministros. Según el tribunal, en ese espacio se habrían impartido directrices para canalizar recursos hacia proyectos solicitados por congresistas.
“No actuaron de manera episódica ni esporádica; desde un principio dieron instrucciones claras y precisas para que los contratos fueran direccionados en forma de cupos indicativos y proyectos”, sostuvo la magistrada.
El fallo resaltó que, para el momento de los hechos, Ricardo Bonilla tenía control directo sobre los recursos públicos y la facultad de ordenarlos, mientras que Luis Fernando Velasco mantenía una relación directa con senadores y coordinaba acciones desde el Ministerio del Interior. “Nada en este caso se dejó al azar, ya que los dos utilizaron sus cargos para direccionar recursos públicos”, concluyó la Sala.
La Fiscalía imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al considerar que habrían coordinado la entrega de contratos a cambio de votos favorables a reformas en el Congreso. En la audiencia de imputación realizada el 1 de diciembre, ambos rechazaron los cargos.
Como sustento probatorio, el ente acusador presentó los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los cuales, según la magistrada, resultaron coincidentes con las instrucciones atribuidas a los exministros. A ello se sumó la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien afirmó haber presenciado reuniones en las que se pactaron entregas de contratos y se impartieron órdenes concretas para cumplir solicitudes de congresistas.
“No fueron relatos aislados”, enfatizó Rosero, al concluir que las pruebas acreditan la existencia de un esquema de direccionamiento contractual en la Ungrd y el Invías, “con el propósito específico de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, valiéndose de recursos del erario”.
Fuentes: Infobae, Colprensa