El candidato presidencial Abelardo De la Espriella elevó ante instancias internacionales una grave denuncia contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, al asegurar que ha sido víctima de interceptaciones ilegales, perfilamiento político y una campaña sistemática de intimidación en su contra, en hechos que, según advirtió, ponen en riesgo las garantías democráticas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El pronunciamiento del líder del movimiento Defensores de la Patria se conoció luego de que hiciera pública una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que expone lo que considera una escalada de persecución contra la oposición en Colombia y solicita acompañamiento internacional frente al actual contexto político y electoral del país.
En la misiva, fechada en Barranquilla, abril de 2026, De la Espriella expresa su preocupación por lo que describe como un deterioro acelerado del clima democrático colombiano, marcado por amenazas, hechos de violencia política, desfinanciamiento institucional, inseguridad y presuntas maniobras de presión contra quienes no comparten el proyecto político del actual Gobierno.
Según el candidato, uno de los hechos más delicados ocurrió tras un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X, en el que hizo referencia a informes de inteligencia sobre conversaciones en las que se menciona su nombre. Para De la Espriella, esa declaración constituye una admisión pública de prácticas ilegales contra su intimidad y su actividad política.
“Hoy denuncio ante Colombia y la comunidad internacional que estoy siendo objeto de interceptaciones ilegales y perfilamiento político. Esto no es un hecho menor: es un atentado directo contra la democracia”, afirmó el aspirante presidencial.
De la Espriella sostiene que estas actuaciones no pueden interpretarse como un episodio aislado, sino como parte de un patrón de hostigamiento contra voces de oposición, en medio de una campaña presidencial cada vez más tensionada. En su denuncia, advierte que lo ocurrido representa una amenaza directa no solo contra sus derechos fundamentales, sino también contra la transparencia del proceso electoral.
En la carta enviada a Rubio, el candidato afirma que el caso cobra especial gravedad porque, en su criterio, contradice los compromisos de estabilidad, equilibrio y garantías electorales que el Gobierno colombiano habría expresado ante la administración de Donald Trump. Por ello, pidió a las autoridades norteamericanas mantener una observación constante sobre el desarrollo del proceso político en Colombia y sobre la seguridad de quienes participan desde la oposición.
El dirigente político también fue enfático en rechazar cualquier insinuación que pretenda vincularlo con contratistas de Thomas Gregg & Sons, firma mencionada recientemente en medio de la controversia. De la Espriella negó de manera tajante cualquier relación con esos actores y retó públicamente al presidente Petro a presentar pruebas reales en caso de tenerlas.
“Si el presidente tiene pruebas, que las muestre. No acepto insinuaciones ni montajes. Aquí estoy, de frente al país”, señaló.
Además de la presunta interceptación de sus comunicaciones, el candidato denunció una campaña de desprestigio en su contra que, según aseguró, incluiría influenciadores, activistas digitales, medios afines y estructuras organizadas para multiplicar ataques sistemáticos contra su imagen pública y su aspiración presidencial.
De acuerdo con su versión, estas acciones ya han sido documentadas y denunciadas en distintos escenarios nacionales e internacionales, por lo que decidió dar un paso más allá y acudir también a organismos y espacios políticos fuera del país, incluyendo el Parlamento Europeo y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
De la Espriella considera que la situación actual exige vigilancia internacional, al estimar que en Colombia no existen hoy condiciones suficientes para garantizar una contienda plenamente libre y segura para quienes representan alternativas al poder. En ese sentido, su denuncia busca activar alertas sobre lo que califica como una ofensiva contra la oposición en pleno calendario electoral.
Con esta decisión, el candidato busca internacionalizar su caso y convertirlo en un símbolo de defensa de las libertades públicas, la privacidad, la competencia democrática y la protección de quienes participan en la vida política desde posiciones críticas al Gobierno.