La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado con el cual informó que la exrepresentante a la Cámara Aída Merlano Rebolledo, fue condenada a la pena de 5 años y 6 meses de prisión, al ser acusada como coautora responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.
De acuerdo con la misiva, en la decisión de primera instancia, en la que la Corte le negó a la excongresista la prisión domiciliaria y dispuso solicitar su extradición a Colombia, también la inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y la condenó al pago de una multa de $3.430.048.837, monto en el cual se excedió el gasto legalmente permitido para su campaña al Senado.
Resaltan entonces que los hechos por los cuales Merlano fue condenada están relacionados con la documentación que fue encontrada en la diligencia de allanamiento y registro que se realizó el 11 de marzo de 2018, en la carrera 64 # 81B-72 de Barranquilla, casa que funcionaba como sede de campaña política de Merlano para optar al Senado de la República por el partido Conservador.
Según lo señalan, allí se incautaron diversos documentos que señalaban que, de cuentas corrientes pertenecientes a los hermanos Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein Echeverría, entre los meses de enero a abril de 2018, se giraron cheques por cantidades elevadas, cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña de Merlano.
La Sala de Primera Instancia determinó que estas sumas que ingresaron a la campaña de la excongresista superaron los gastos señalados en la Resolución 2796 del 8 de noviembre de 2017 del Consejo Nacional Electoral. “La múltiple documentación incautada en la sede de la campaña política de Merlano Rebolledo acredita que los límites máximos legales fueron superados en exceso”, señala la sentencia.
Finalmente, cabe resaltar que esta es la segunda condena que la Corte Suprema emite contra la excongresista, pues la primera se emitió el 12 de septiembre de 2019 por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas, la cual fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal.