En un extenso fallo de tres horas, la Procuraduría General de la Nación ha determinado la responsabilidad política de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Quintero ha sido inhabilitado y suspendido por seis meses debido a su participación indebida en actividades políticas, y deberá pagar una multa de $104,914 millones.
El proceso comenzó a finales de enero de 2023, en pleno periodo electoral en Colombia. Durante esta etapa, Quintero utilizó sus cuentas personales de redes sociales para hacer declaraciones que indirectamente apoyaban a un movimiento político específico, respaldando al actual presidente de la República. Estas acciones llevaron a su suspensión temporal para evitar que continuara influyendo en las elecciones presidenciales.
La Procuraduría subrayó su competencia constitucional para llevar a cabo investigaciones y emitir fallos en casos como este, evaluando cada uno de los eventos donde Quintero estuvo involucrado. Entre las pruebas se encuentran fotografías que mostraban claramente su voto en el Congreso y un video titulado «El cambio en primera», en el que apoyaba abiertamente la candidatura de Gustavo Petro.
El argumento de la defensa de Quintero, que alegaba que los mensajes fueron publicados en sus cuentas personales, fue desestimado. La Procuraduría señaló que Quintero utilizó esas cuentas para difundir información oficial y avances de su administración durante su mandato. Además, se desestimó la justificación de que el video «El cambio en primera» estaba dirigido al sector automotriz, concluyendo que se trataba de un mensaje político claro.
La sentencia dejó en claro que las acciones de Quintero no fueron por desconocimiento de la norma, sino que, según sus propios comentarios, tenían la intención de desestabilizar el marco jurídico del país y favorecer sus intereses electorales. Esta intención deliberada permitió calificar la falta como grave.
La Procuraduría expresó sorpresa ante las acusaciones de falta de neutralidad por parte del defensor de Quintero, reafirmando que el proceso se llevó a cabo respetando el mandato constitucional y el debido proceso.
Daniel Quintero no podrá ocupar cargos de elección popular ni ser contratado por el estado durante los próximos seis meses. Sin embargo, sus aspiraciones presidenciales a largo plazo no se ven afectadas. La defensa de Quintero ha anunciado que apelarán el fallo, argumentando que la sentencia no se ajusta a la normatividad vigente y criticando el análisis realizado por la Procuraduría.