Con la reciente solicitud de retiro de EPS SURA, se intensifican las críticas hacia el Gobierno Nacional, a quien se le atribuye la responsabilidad de la grave crisis en el sistema de salud del país.
Desde el 27 de julio de 2023, las tres principales EPS del país: Sura, Sanitas y Compensar, que aseguran la salud de más de 12,8 millones de afiliados, advirtieron al Gobierno sobre la profunda crisis financiera que enfrentaban. Entre los problemas señalados se encontraba la necesidad de reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual es la prima reconocida por el Gobierno a las EPS por la atención de cada usuario. Asimismo, se denunciaron retrasos en los desembolsos y pagos deficitarios de los presupuestos máximos.
La administración anterior había calculado una inflación de 3.7% para la UPC en 2023, sin prever que la inflación real sería del 13.4%. Esta diferencia del 9.7% no fue corregida por el actual Gobierno, lo que agudizó la crisis financiera de las EPS.
En cuanto a los pagos de presupuestos máximos, se han reducido en más del 50% bajo el actual Gobierno. Durante el mandato de Iván Duque, se pagaron $8,1 billones por este concepto entre 2020 y 2021, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro solo se pagaron $4,1 billones entre 2022 y 2023. Estos pagos, además, se realizaron de manera extemporánea, lo que obligó a la Corte Constitucional a intervenir y ordenar al Gobierno que cumpliera con sus obligaciones (Auto 2881 de 20 de noviembre de 2023).
La bancada del Centro Democrático en el Congreso ha señalado repetidamente estos problemas, acusando al Gobierno de ignorar las advertencias y de intentar imponer una reforma al sistema de salud que consideran innecesaria, insostenible, inviable y rodeada de escándalos de corrupción.
En lugar de abordar las advertencias y proponer soluciones, el Gobierno ha intervenido a EPS Sanitas y ha omitido tomar medidas que garanticen la continuidad adecuada de los servicios de salud por parte de las demás EPS. Este comportamiento ha sido interpretado como una venganza por el archivo de la reforma a la salud en el Senado.
Por la falta de acciones y mejoras, y por no acatar las recomendaciones de expertos, exministros, académicos, usuarios y de la misma Corte Constitucional, el Gobierno está destruyendo uno de los mayores logros sociales del país: el sistema de salud colombiano. Este sistema ha permitido una cobertura de más del 99% de la población, con más de 800 millones de atenciones al año, y ha sido catalogado entre los 20 mejores sistemas de salud del mundo en términos de inclusividad y esperanza de vida.
En conclusión, el Gobierno ha sido señalado como el único culpable de las graves consecuencias para la salud y la vida de los colombianos, ocasionadas por decisiones irresponsables y sin fundamentos técnicos, que han llevado a una crisis premeditada y que afectan a más de 50 millones de afiliados al sistema.