La reciente Directriz 001 de la Fiscalía General, emitida el 10 de septiembre por la fiscal general Luz Adriana Camargo, ha generado controversia en Colombia al introducir cambios significativos en la forma en que se gestionan las protestas sociales. La nueva normativa otorga mayores libertades a los manifestantes y reduce las sanciones para quienes cometan delitos durante protestas, siempre y cuando no representen una amenaza directa a derechos fundamentales.
El presidente Gustavo Petro no tardó en celebrar esta medida, destacando que refuerza su compromiso de no criminalizar la protesta social y proteger los derechos humanos. En sus redes sociales, Petro hizo referencia a las imputaciones «excesivas» impuestas durante el estallido social de 2021, señalando que esta nueva directriz pone un enfoque en la protección de la protesta pacífica. «Este es un paso hacia la justicia social que reconoce el legítimo derecho de los ciudadanos a manifestarse sin temor a represalias injustificadas», dijo el mandatario.
Sin embargo, no todos comparten el optimismo de Petro. Diversos sectores de la oposición, junto con defensores del orden público, han manifestado su preocupación por las implicaciones que podría tener la flexibilización de las sanciones en momentos de disturbios. Los críticos argumentan que esta directriz podría facilitar el aumento de la violencia en las calles, al debilitar la capacidad de las autoridades para controlar a aquellos que, bajo el amparo de la protesta, cometen delitos que afectan la seguridad pública.
“El mensaje que se está enviando a los manifestantes es peligroso: pueden causar desórdenes sin enfrentar las consecuencias adecuadas. Esto pone en riesgo la paz y el orden en nuestras ciudades”, advirtió el representante del Centro Democratico Miguel Uribe Turbay
El debate sobre el manejo de las protestas sociales no es nuevo en el país. Desde las movilizaciones de 2021, que dejaron una profunda huella en la política colombiana, la tensión entre quienes exigen el derecho a protestar y aquellos que abogan por mantener el orden ha sido palpable. Las imputaciones y las condenas que surgieron de esos eventos fueron vistas por muchos como una forma de represión desproporcionada, mientras que otros consideraron que eran necesarias para mantener la estabilidad en momentos de caos.
Con la Directriz 001, la Fiscalía parece inclinarse hacia un enfoque más conciliador y menos punitivo. La gran pregunta es cómo se equilibrará la protección del derecho a protestar con la necesidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Los detractores temen que esta directriz pueda abrir la puerta a mayores disturbios, mientras que los defensores de la medida, alineados con el gobierno de Petro, insisten en que es un avance para la democracia y los derechos humanos.
Mientras el debate continúa, Colombia está a la expectativa de cómo se implementarán estas nuevas reglas en futuros escenarios de protesta. Los críticos exigen que se fijen límites claros y mecanismos para sancionar eficazmente los actos de violencia, mientras que los seguidores de Petro ven en esta medida un avance hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos ciudadanos.
El tiempo dirá si esta directriz logra el difícil equilibrio entre el respeto a las libertades y la preservación del orden público, o si, por el contrario, generará un escenario de mayor inestabilidad.