La reciente entrada en vigor de la Resolución 2364 de 2023 ha generado preocupación en Colombia, ya que esta medida desvía recursos destinados al pago de servicios de pacientes para operar los Equipos Básicos de Salud. Esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera del sistema de salud, afectando la atención y el acceso a servicios médicos.
El sistema de salud colombiano enfrenta dificultades en su financiamiento y flujo de recursos, lo que requiere acciones racionales por parte del Gobierno para abordar estas problemáticas. La crisis de desabastecimiento de insumos y medicamentos, así como las dilaciones en el pago a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), han contribuido a un escenario desafiante.
La Resolución 2364 establece que las EPS deberán destinar al menos el 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la operación de los Equipos Básicos de Salud, sin evidenciar el impacto real de esta medida. Esto podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema y la prestación adecuada de servicios asistenciales.
El Ministerio de Salud está regulando las condiciones para esta operación a través de un proyecto de resolución, el cual ha generado preocupación por sus posibles efectos. La asignación de recursos provenientes de la UPC a los hospitales públicos podría comprometer la garantía del derecho fundamental a la salud. Además, existe inquietud sobre la limitación en la participación de instituciones prestadoras privadas o mixtas en la conformación de los Equipos, así como el riesgo potencial de duplicidad de servicios y pagos.
Ante esta situación, es crucial que el Gobierno actúe con sensatez y racionalidad para salvaguardar el derecho fundamental a la salud y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos del Sistema. El bienestar y la salud de los ciudadanos colombianos deben ser prioritarios en cualquier medida tomada.