El regreso de Salvatore Mancuso al país ha generado una gran controversia por su pasado vinculado con crímenes, sus delitos y su participación en el proceso de justicia transicional.
Cabe recordar que en mayo de 2008 Mancuso hizo parte de un grupo de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y tras purgar 15 años de cárcel en ese país, terminó de cumplir su condena.
En Colombia este excomandante de las Auc, tiene dos condenas de Justicia y Paz, en donde la Fiscalía le imputó 4.093 hechos por cientos de desplazamientos, desapariciones, homicidios, entre otros. Esas condenas son por los 8 años de pena alternativa que puede dar Justicia y Paz. Adicionalmente tiene un proceso en curso en la justicia ordinaria por lavado de activos y concierto para delinquir, que habría cometido tras su desmovilización.
Mancuso ha sido considerado como un actor clave en el proceso de paz en Colombia. Durante su tiempo en prisión en Estados Unidos, colaboró con las autoridades colombianas y reveló información sobre los crímenes cometidos por los paramilitares. Su participación en la justicia transicional ha sido objeto de debate, ya que algunos consideran que no ha cumplido con todas sus obligaciones y que ha intentado evadir la responsabilidad por sus acciones.
El regreso del exjefe paramilitar plantea interrogantes sobre la efectividad de la justicia transicional en Colombia y sobre el papel de los excombatientes en la construcción de la paz. La sociedad colombiana se encuentra dividida entre quienes ven en Mancuso una oportunidad para la reconciliación y la reparación a las víctimas, y quienes lo consideran un obstáculo para la justicia y la memoria histórica.
Por su parte , la JEP determinó que él sería aceptado en su calidad de sujeto «bisagra» con la Fuerza Pública, pero no como exjefe paramilitar, por lo cual habrá complementariedad con Justicia y Paz, que será la que se pronunciará sobre su libertad.
En medio de esta controversia, las autoridades colombianas enfrentan el desafío de garantizar la justicia para las víctimas, respetando al mismo tiempo los acuerdos de paz y los derechos de los excombatientes. El regreso de Mancuso plantea un dilema ético y jurídico que pone a prueba la voluntad del país de enfrentar su pasado de violencia y construir un futuro de reconciliación y paz duradera.
Por: Juliana Agudelo