La crítica situación de orden público que se vive en San José del Guaviare llevó este viernes al alcalde de la capital departamental, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, a lanzar un enérgico llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y respalde a las comunidades afectadas. Según el mandatario, la presencia de grupos armados ilegales en el corregimiento de Charras – Boquerón y su corredor vial de más de 140 kilómetros ha dejado incomunicadas a más de 10.000 personas, agravando la crisis humanitaria y económica en la zona.
“Como Alcalde de la Capital del Guaviare, hago un reiterado llamado URGENTE al Gobierno Nacional para que brinde su apoyo y acompañamiento frente a la situación que afecta a nuestra zona rural”, expresó Rodríguez Rojas en un comunicado oficial. De acuerdo con el alcalde, los grupos armados ilegales han bloqueado el paso a campesinos, indígenas, colonos y productores de más de 30 veredas, lo que ha ocasionado millonarias pérdidas económicas y ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y la subsistencia de cientos de familias.
Rodríguez Rojas fue enfático al exigir respeto por los derechos de los habitantes rurales. “Nuestros campesinos no son parte del conflicto armado. El campo necesita tranquilidad, no más violencia”, sostuvo, mientras hizo un llamado a organismos humanitarios, de derechos humanos y a la sociedad civil para que acompañen y respalden el clamor de las comunidades afectadas.
La denuncia del mandatario local resonó a nivel nacional, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su solidaridad con las comunidades del Guaviare. “Debido a la delicada situación de orden público que atraviesa el Departamento de Guaviare, nuestro colega alcalde de su capital San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, nos pide replicar esta información. Nuestra solidaridad con toda su gente que son víctimas de la violencia de grupos armados ilegales. Piden apoyo urgente al Gobierno Nacional”, publicó Gutiérrez en sus redes sociales.
La situación en San José del Guaviare refleja nuevamente el abandono estatal que históricamente han padecido las regiones afectadas por el conflicto armado, donde la población civil sigue siendo la principal víctima de la violencia y la falta de garantías para vivir en paz.