El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció públicamente que fue alertado sobre un presunto plan para atentar contra su vida y la de su familia, situación que encendió las alarmas en la capital del Atlántico y provocó un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar su seguridad.
Según informó el mandatario a través de su cuenta de X, la advertencia le fue comunicada por la Policía Nacional, que le habría entregado información relacionada con un supuesto plan de bandas criminales en su contra. En su pronunciamiento, Char aseguró que la seguridad del país debe volver a ser una prioridad y pidió una reacción contundente del Estado frente a este tipo de amenazas.
“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, expresó el alcalde, al tiempo que hizo un llamado a las Fuerzas Armadas y a la justicia para que se adopten medidas urgentes que garanticen su integridad y la de su entorno.
Tras la denuncia, la administración distrital y los organismos de seguridad permanecen en alerta mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de las amenazas y prevenir cualquier acción violenta contra el mandatario barranquillero.
La situación generó reacciones de rechazo y solidaridad desde distintos sectores políticos del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, expresaron su respaldo a Char y exigieron al Gobierno nacional y a la fuerza pública garantizar su protección. También se pronunció la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, que calificó cualquier amenaza contra un alcalde como un ataque directo a la institucionalidad democrática.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los mandatarios locales en Colombia, en medio del recrudecimiento de la violencia y las advertencias sobre la capacidad de presión de estructuras criminales en distintas regiones del país. Esta denuncia, conocida el 19 de abril y publicada el 20 de abril de 2026, se suma al debate nacional sobre la protección de los líderes políticos y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los territorios.