La violencia contra líderes sociales en Colombia sigue en aumento. El asesinato de Hemerson Reinel Pérez, reconocido líder comunitario y exconcejal de Puerto Wilches, se convirtió en el primer caso registrado en abril y elevó a 46 el número de líderes asesinados en lo que va del año.
Pérez fue atacado a tiros frente a su vivienda en el barrio Colombia, en un hecho que ha generado conmoción en la comunidad. Su nombre había aparecido en múltiples amenazas de distintos grupos armados, incluyendo las Águilas Negras en 2020, las Autodefensas Gaitanistas en 2021 y disidencias armadas en marzo de este año.
La Defensoría del Pueblo había advertido el peligro que corren los líderes sociales en la zona mediante las Alertas Tempranas 027 de 2022 y 019 de 2023. En estos informes, se señalaba la presencia de grupos armados ilegales que imponen normas de control social y ejercen intimidaciones permanentes.
Puerto Wilches es un territorio con fuerte influencia de actores armados ilegales, entre ellos el ELN, el Frente 37 del Bloque Gentil Duarte y estructuras del EGC, además de bandas criminales locales. La seguridad en esta región está bajo la jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional.
Cifras alarmantes en 2025
El asesinato de Pérez se suma a una tendencia preocupante. Según el monitoreo de Indepaz y otras organizaciones de derechos humanos, los homicidios de líderes sociales se distribuyen de la siguiente manera en lo que va del año:
- Enero: 15 asesinatos
- Febrero: 13 asesinatos
- Marzo: 17 asesinatos (hasta ahora, el mes más violento)
En total, los 46 homicidios se han registrado en 38 municipios de 20 departamentos, dejando en evidencia la vulnerabilidad en la que continúan ejerciendo su labor los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia.
Un llamado a la acción
La escalada de violencia contra líderes sociales ha encendido las alarmas en el país. Diversas organizaciones han exigido medidas urgentes para garantizar su seguridad y frenar la impunidad en estos crímenes. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen en zozobra, con la esperanza de que sus voces no sean silenciadas por la violencia.