La crisis del sistema de salud suma un nuevo capítulo. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) lanzó una advertencia directa contra el Decreto 0182 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, al señalar que la norma podría profundizar el deterioro del servicio y afectar a más de 24 millones de afiliados.
El decreto cambia las reglas del aseguramiento y establece que las EPS solo podrán operar en los territorios donde cumplan un porcentaje mínimo de afiliados. En la práctica, esto abre la puerta a una redistribución masiva de usuarios entre aseguradoras.
¿La consecuencia? Miles —o millones— de colombianos podrían ser trasladados de EPS, incluso sin haberlo solicitado.
Según ACEMI, la aplicación de la medida obligaría a algunas EPS a retirarse de municipios donde no alcanzan el umbral exigido, lo que implicaría mover afiliados hacia otras entidades. La mayor carga recaería sobre la Nueva EPS, que ya es el principal operador del país.
Hoy la Nueva EPS tiene más de 11,5 millones de afiliados. Con el nuevo esquema, recibiría 2,6 millones adicionales, un aumento del 22,6%. El gremio advierte que la entidad no presenta estados financieros desde 2023 y ha tenido problemas en la red de prestación, demoras en medicamentos y dificultades en procedimientos, lo que genera dudas sobre su capacidad para asumir más usuarios.
El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que ocho EPS están intervenidas y concentran más de 24 millones de afiliados, con resultados financieros críticos y altos niveles de insatisfacción. En ese escenario, trasladar población de una entidad en crisis a otra con dificultades similares representa, según ACEMI, un riesgo alto para la continuidad y oportunidad en la atención.
El gremio también cuestionó la legalidad del decreto. Señala que el contenido es casi idéntico al del Decreto 0885 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en octubre pasado, lo que podría configurar un desacato.
Más allá del debate jurídico, la preocupación es concreta: el Gobierno podría trasladar a millones de usuarios de EPS sin que el sistema esté preparado para recibirlos. Para ACEMI, una reforma de este calibre debería tramitarse vía ley y no mediante decreto, y el foco debería estar en estabilizar el sistema antes de introducir cambios estructurales.
En medio de la incertidumbre, el mensaje es claro: los pacientes no pueden seguir siendo la variable de ajuste en una crisis que aún no encuentra solución.