Según la denuncia expuesta por la concejal Claudia Carrasquilla, los responsables de costear la celebración serían alias Tom, alias Pocho y alias Chirri, reconocidos líderes criminales que, al parecer, destinaron cerca de 500 millones de pesos para la organización del evento. De acuerdo con la versión entregada por la cabildante, la fiesta no se habría realizado para celebrar la salida de un interno, como inicialmente se mencionó, sino para conmemorar el cumpleaños de alias Pocho, señalado cabecilla de la estructura criminal La Agonía y hombre cercano a alias Tom dentro del penal.
La denuncia también elevó la preocupación por la presunta presencia de menores de edad durante la celebración.
Tras las inspecciones adelantadas en el establecimiento penitenciario, las autoridades encontraron elementos que no corresponden a las condiciones normales de reclusión, entre ellos hornos microondas, barriles para asados, arroceras y otros implementos de cocina. Para las denunciantes, estos hallazgos evidenciarían que algunos espacios de la prisión estarían siendo utilizados con privilegios impropios, similares a los de apartamentos privados para determinados cabecillas.
A esto se suman reportes según los cuales más de 16 vehículos de alta gama habrían ingresado a la cárcel el día de la fiesta, transportando allegados de los jefes criminales y varias mujeres que habrían permanecido dentro del penal durante la celebración. Videos conocidos posteriormente mostrarían consumo de licor, música en vivo y asistentes en aparente estado de embriaguez, lo que incrementó los cuestionamientos sobre la permisividad con la que se habría desarrollado el evento.
El escándalo desató fuertes críticas contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y contra el Gobierno nacional, en medio de las discusiones sobre los diálogos sociojurídicos y las negociaciones con estructuras criminales. Carrasquilla aseguró que lo ocurrido refleja una grave pérdida de control en uno de los centros penitenciarios más importantes del país y cuestionó que, en lugar de sanciones, algunos funcionarios señalados por permitir irregularidades habrían sido simplemente trasladados.