Un reportaje publicado por la revista Semana abrió una nueva controversia alrededor de la senadora Isabel Cristina Zuleta (Pacto Histórico), luego de que altos mandos del Ejército y la Policía la señalaran de interferir en operativos e investigaciones contra estructuras criminales en Antioquia, en el marco de acciones contra narcotráfico, minería ilegal y homicidios.
De acuerdo con el informe, ocho generales —cinco en servicio activo y tres en retiro— relataron que recibieron llamadas de la congresista y de personas de su entorno, entre ellos familiares y asesores, en las que se habría solicitado detener combates, operativos o procedimientos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá. En uno de los testimonios citados por Semana, un comandante que operó en el departamento describió el ambiente de presión: “mi cabeza puede rodar”, aludiendo al temor de posibles repercusiones en su carrera.
Uno de los episodios más delicados, según la revista, se habría presentado el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio de origen de Zuleta. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, la senadora habría contactado a un oficial para pedir que se frenara el combate, argumentando que se trataba de mineros. Sin embargo, los uniformados habrían reportado que los hombres en el área estaban armados, uniformados y acompañados por menores. El enfrentamiento, siempre según la reconstrucción del medio, dejó dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres adolescentes armadas entregadas al ICBF.
El reportaje también menciona intervenciones atribuidas al entorno de la congresista en otros hechos ocurridos en 2023, como llamados y reclamos por la situación de orden público en Briceño, así como cuestionamientos frente a operativos policiales contra la minería ilegal en el nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Un alto mando citado por Semana asegura que la senadora insistía en defender la actividad minera, incluso cuando —según esa versión— existían evidencias de vínculos entre algunos actores y organizaciones criminales.
En el documento periodístico se relata, además, que Zuleta habría cuestionado operaciones asociadas a la ofensiva contra el Clan del Golfo, y habría elevado alertas a superiores en Bogotá sobre supuestos “montajes” en Medellín que, en su criterio, afectarían la política de “paz total”. La senadora cumple un rol como coordinadora en el proceso de diálogos que se adelanta en la cárcel La Paz de Itagüí, un elemento que, según los oficiales consultados, habría incrementado la sensibilidad institucional frente a sus comunicaciones con mandos militares.
Semana asegura que las preocupaciones llegaron a conocimiento de instancias oficiales, incluyendo el Ministerio de Defensa, y que parte de la información fue puesta en manos de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, lo que elevó el caso de un debate interno de la Fuerza Pública a un asunto con posibles implicaciones judiciales.
El reportaje plantea interrogantes sobre los límites entre el ejercicio de control político de un congresista y la autonomía operativa de las autoridades en terreno, en especial cuando no existe un cese al fuego formal con las estructuras armadas mencionadas. Hasta el momento, el centro del debate se concentra en si las llamadas y requerimientos descritos constituyeron gestión humanitaria, control político o una presión indebida sobre operaciones contra el crimen.