La Procuraduría General de la Nación confirmó este lunes la destitución e inhabilidad por 10 años del excanciller Álvaro Leyva Durán, por declarar irregularmente desierta la licitación de pasaportes. La sanción, que se considera definitiva, se impone tras comprobarse que Leyva vulneró los principios de contratación estatal con una decisión dolosa y sin justificación legal.
En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público ratificó la sanción contra el excanciller, quien no podrá ejercer ningún cargo público hasta el año 2035. La decisión pone punto final a un proceso que se originó por la actuación de Leyva durante su paso por la Cancillería, cuando frenó el proceso licitatorio para la expedición de pasaportes, pese a que existía un proponente habilitado.
Según la Procuraduría, Leyva actuó “de forma contraria al orden jurídico” al declarar desierta la licitación sin fundamento legal, calificando su conducta como una “falta gravísima cometida con dolo”. Esto implica que su decisión fue consciente y arbitraria, no producto de un error técnico.
El ente de control argumentó que Leyva violó principios fundamentales de la contratación pública, como:
- Transparencia: al impedir una adjudicación legítima.
- Economía: al generar demoras y perjuicios en el servicio consular.
- Responsabilidad: al adoptar medidas sin sustento jurídico.
La importancia del contrato —clave para garantizar la expedición de pasaportes a nivel nacional e internacional— hizo que el caso tuviera alta repercusión mediática y política. La decisión final de la Procuraduría refuerza la necesidad de mantener la legalidad en procesos sensibles del Estado.
Álvaro Leyva fue una de las fichas más cercanas al presidente Gustavo Petro durante los primeros meses de gobierno. Su abrupta salida de la Cancillería, en medio de la controversia por la licitación, ya anticipaba un proceso disciplinario complejo. Ahora, con el fallo en firme, se convierte en uno de los funcionarios de más alto perfil sancionados durante este gobierno.