La decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá sigue provocando una fuerte tormenta política en la ciudad. A las críticas ya expresadas por los concejales Andrés Tobón Villada y Alejandro de Bedout Arango, ambos del movimiento Creemos, se sumó ahora la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla, quien rechazó de manera categórica la medida y advirtió que representa un grave retroceso en la lucha contra el crimen.
La controversia gira alrededor de la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual fueron suspendidas las órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales vinculadas al proceso de paz urbana. Para los sectores críticos, la decisión no solo debilita la acción de la justicia, sino que envía un mensaje profundamente equivocado en materia de legalidad, seguridad y reparación a las víctimas.
El primero en levantar la voz fue el concejal Andrés Tobón Villada, quien cuestionó con dureza que se concedan beneficios judiciales extraordinarios a quienes durante años han sembrado terror en Medellín y el Valle de Aburrá.
“La decisión de suspender la orden de captura sobre 23 de los peores cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá es un mensaje muy triste para la ciudadanía y para la justicia”, afirmó Tobón, al asegurar que el Gobierno nacional está trasladando la idea de que pertenecer al crimen organizado sí paga.
El cabildante también alertó sobre el alcance de la medida, concedida inicialmente por seis meses y con posibilidad de prórroga, lo que, a su juicio, abre la puerta a que este tipo de beneficios terminen extendiéndose de manera indefinida.
Tobón insistió en que la seguridad de Medellín no puede depender de acuerdos con quienes históricamente la han destruido y sostuvo que la ciudad no puede aceptar una renuncia progresiva a la aplicación de la ley en nombre de la paz urbana.
A esa crítica se sumó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, quien fue aún más lejos y lanzó una alerta sobre lo que denominó una posible consolidación del “Pacto de La Picota 2.0”. En su declaración, advirtió sobre el impacto político que puede tener la salida de cabecillas de la cárcel de Itagüí en la antesala del proceso electoral.
De Bedout cuestionó directamente que figuras como alias Douglas, Pesebre y Tom resulten beneficiadas con la suspensión de sus órdenes de captura, y dejó una de las frases más fuertes de esta controversia: “La pregunta no es si hay un acuerdo político, la pregunta es a cuántos votos equivale cada criminal en la calle”.
El presidente del Concejo también señaló a sectores del Pacto Histórico y mencionó a la senadora Isabel Zuleta como una de las figuras que más ha respaldado este proceso, planteando serias dudas sobre la relación entre el Gobierno nacional y las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Según De Bedout, el mayor temor es que esta flexibilización termine teniendo efectos sobre el ambiente electoral en Medellín y Antioquia, en una coyuntura donde cualquier señal de presión criminal sobre los territorios despierta preocupación institucional y ciudadana.
A este bloque de críticas se unió la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla, quien rechazó “de manera categórica” la suspensión de las órdenes de captura y sostuvo que la medida constituye un golpe a los principios básicos de justicia y legalidad.
En su pronunciamiento, Carrasquilla aseguró que no es aceptable que quienes han generado violencia, extorsión y miedo en los territorios hoy reciban beneficios judiciales sin haber cumplido con las víctimas ni con la justicia. Además, cuestionó que se les otorgue la condición de voceros dentro del proceso, al considerar que ello no construye paz, sino que termina legitimando su poder criminal.
La concejal advirtió también sobre las implicaciones en materia de seguridad. A su juicio, permitir la movilidad de estos cabecillas en distintas regiones del país representa un riesgo evidente para la ciudadanía, especialmente porque, según señaló, no existen garantías suficientes de no repetición ni mecanismos de control efectivos que impidan la continuidad de actividades delictivas.
Carrasquilla sostuvo que la paz no puede construirse sobre concesiones unilaterales y enfatizó que cualquier proceso serio debe estar basado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En esa línea, alertó que el mensaje que hoy se le está enviando al país es profundamente equivocado: que el crimen organizado puede negociar sin pagar plenamente por sus delitos.