El Gobierno de Antioquia anunció que no aplicará los impuestos creados mediante el decreto de emergencia económica y social expedido por el Gobierno nacional, hasta que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre su legalidad.
La administración departamental explicó que la decisión se adopta mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, al considerar que los nuevos tributos afectan de manera desproporcionada las finanzas del departamento y vulneran la autonomía fiscal de las entidades territoriales.
El gobernador Andrés Julián Rendón manifestó su rechazo al uso de las facultades extraordinarias del Ejecutivo para modificar el sistema tributario del país. Según indicó, la declaratoria de emergencia no puede convertirse en un mecanismo para imponer cargas fiscales que excedan los límites establecidos por la Constitución.
Rendón señaló que la determinación busca evitar un daño económico irreversible mientras la Corte Constitucional adelanta el control automático del decreto. “El principio de urgencia no puede usarse como un permiso ilimitado para alterar el orden fiscal del país. La Constitución debe prevalecer sobre cualquier decreto o acto administrativo”, afirmó.
Desde la Gobernación de Antioquia se indicó que los análisis técnicos realizados evidencian que la aplicación inmediata de los nuevos impuestos tendría un impacto negativo significativo sobre los ingresos departamentales, sin que se cumplan plenamente los criterios de necesidad, proporcionalidad y finalidad que exige la Constitución para este tipo de medidas excepcionales.
El mandatario departamental también cuestionó los argumentos del Gobierno nacional para justificar la declaratoria de emergencia económica, y aseguró que situaciones como el hundimiento de una ley de financiamiento hacen parte del funcionamiento normal del sistema democrático y no constituyen, por sí solas, una razón suficiente para acudir a poderes extraordinarios.
La postura asumida por Antioquia coincide con la del Distrito de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez anunció igualmente acciones ante la Corte Constitucional y expresó reparos frente a los efectos económicos y jurídicos que tendría la aplicación del decreto en las finanzas territoriales.