El Gobierno Nacional anunció que, de no mediar un pronunciamiento formal del Senado de la República antes del 1 de junio, procederá a convocar una consulta popular para someter a votación ciudadana las 12 preguntas clave de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.
Así lo dio a conocer, Armando Bennedeti quien aseguró que el Ejecutivo actuará amparado en lo que considera un vacío de procedimiento ocurrido durante la más reciente sesión del Senado.
“En esa sesión tortuosa que sucedió en el Senado de la República, lo que queda claro es que el presidente del Senado dice “siguiente punto del orden del día”. El señor secretario lee el orden del día, apagan el micrófono y el presidente del Senado dice automáticamente “abra el registro para votar lo de la consulta, y abren el registro y se vota”, explicó.
Según el Gobierno, esta votación no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Quinta, que regula el funcionamiento del Congreso. De acuerdo con la interpretación oficial, el artículo 125 de dicha ley establece que toda proposición debe ser leída antes de ser sometida a votación, algo que, en este caso, no habría ocurrido.
“La Ley Quinta, en el artículo 125, dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y debe haber una proposición para saber qué se votó. En este caso, la proposición tenía que ver con el ‘sí’ o ‘no’, y no se leyó la proposición. Luego el Senado no se pronunció”, enfatizó el funcionario, quien afirmó haber consultado con varios expertos legales que respaldan esta interpretación.
En consecuencia, el Gobierno considera que la votación carece de validez y que, de persistir la omisión, se encuentra habilitado para convocar directamente una consulta popular a través de decreto.
“La consulta se hará si el Senado no se pronuncia de acá al 1 de junio”, advirtió el vocero oficial.
La decisión ha generado reacciones divididas en el Congreso, donde algunos sectores califican la posible convocatoria como un acto de presión institucional, mientras otros consideran que se trata de un mecanismo legítimo de participación ciudadana ante el bloqueo legislativo.