Los productores de arroz de los departamentos de Tolima y Huila han alzado nuevamente su voz ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional. A través de un comunicado de prensa, los agremiados en Dignidad Arrocera denunciaron que, tras el levantamiento de los bloqueos, las autoridades se desentendieron de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo. La situación amenaza con desencadenar nuevas protestas si no se toman medidas urgentes.
La crisis en el sector arrocero se mantiene como un desafío para la economía agrícola del país. Regiones estratégicas aún no logran recuperarse de los impactos provocados por los bloqueos anteriores, y la falta de implementación de las estrategias pactadas agrava la incertidumbre entre los pequeños y medianos productores.
Según el comunicado emitido por la Junta Directiva Nacional Ampliada de Dignidad Arrocera, hasta la fecha no se han gestionado los recursos del Fondo de Apoyo a la Comercialización de Arroz Paddy Verde, destinado a mitigar las dificultades económicas del sector. De igual manera, persiste la ausencia de reglamentación del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA), herramienta clave para aliviar deudas bancarias y no bancarias de los agricultores.
Asimismo, la organización denuncia que el Gobierno no ha implementado las Líneas Especiales de Crédito (LEC), los Incentivos a la Capitalización Rural (ICR) ni el Incentivo Integral a la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGR), mecanismos diseñados para fortalecer la estabilidad financiera de los productores.
“Hasta la fecha tampoco se ha dado respuesta satisfactoria ni se ha avanzado en la solución de los demás puntos que fueron presentados en el pliego de peticiones”, se lee en el documento difundido por el gremio.
Ante este panorama, los arroceros anunciaron el inicio de un plan de acción que contempla rondas de medios para visibilizar su problemática, la conformación de un comité de vigilancia para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y reuniones en las principales zonas productoras. De no obtener respuestas concretas, no descartan la posibilidad de retomar las movilizaciones en los próximos días.
La falta de cumplimiento por parte del Ministerio de Agricultura no solo pone en jaque la estabilidad económica de miles de familias campesinas, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. El gremio hace un llamado al Gobierno para que atienda con urgencia sus demandas y evite el recrudecimiento del conflicto social en el sector rural.