Asamblea de Antioquia aprueba la Tasa de Seguridad pese a tensiones con Federico Gutiérrez

En una ajustada votación de 14 a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles la implementación de una nueva Tasa de Seguridad, que será recaudada a través de las facturas de servicios públicos en el departamento. La iniciativa, defendida por el gobernador Andrés Julián Rendón, promete recaudar más de $1,1 billones entre 2025 y 2027 para proyectos de seguridad, pero ha generado fuertes divisiones entre el gobierno departamental, Medellín y sectores económicos.

Desde las 9:00 a.m., la plenaria de la Asamblea vivió un debate marcado por fuertes discrepancias. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se mostró tajante en su rechazo al nuevo tributo, calificándolo como una carga innecesaria para ciudadanos y empresas. “No permitiré que se cobre a través de la factura de servicios públicos”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de Twitter, sugiriendo que podría tomar medidas legales para frenar la iniciativa.

Por su parte, el gobernador Rendón defendió la necesidad del impuesto, asegurando que es la única forma de financiar proyectos clave para la seguridad en las zonas más vulnerables de Antioquia. “Medellín tiene un gran presupuesto, pero la realidad en el resto del departamento es difícil”, expresó durante una rueda de prensa.

División en las bancadas y rechazo empresarial

El proyecto logró el respaldo de las bancadas del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y ASI, mientras que movimientos como Creemos, la Alianza Verde y el Pacto Histórico votaron en contra, argumentando que la medida carece de concertación y solidez jurídica. Además, gremios como Fenalco y el Comité Intergremial de Antioquia señalaron que los empresarios no pueden asumir más impuestos.

¿Qué financiará la Tasa de Seguridad?

Con los recursos recaudados, el gobierno departamental planea ejecutar cinco proyectos clave:

  1. Tecnología en seguridad: Cámaras, drones y sistemas de conectividad en vías rurales.
  2. Fortalecimiento de la Fuerza Pública: Dotación de vehículos blindados, motocicletas y radios.
  3. Construcción de una cárcel departamental para liberar a la Policía de labores de custodia.
  4. Infraestructura digna para estaciones de Policía y bases militares.
  5. Promoción de la convivencia mediante la recuperación de placas polideportivas.

La respuesta de Medellín y EPM

Aunque el gobernador minimizó las advertencias legales de Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía ya había advertido sobre riesgos de ilegalidad en el cobro de la tasa. Esto podría derivar en conflictos jurídicos e investigaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Impacto en los ciudadanos

El 85% de los hogares de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, mientras que los estratos 4, 5 y 6, así como usuarios comerciales e industriales, asumirán la contribución. Para el sector comercial, el tope será de $28.000 mensuales, y para el industrial, de $122.000, a precios de 2024.