La Defensoría del Pueblo ha lanzado una alerta urgente sobre la grave situación de violencia que atraviesan Cúcuta y varios municipios de Norte de Santander debido a la intensa presencia de grupos armados y organizaciones criminales.
La región está siendo prácticamente sitiada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y otras bandas como el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’. Estos grupos están imponiendo un régimen de terror a través de desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos, extorsiones y el reclutamiento forzado de menores, afectando severamente a la población civil.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que esta crisis impacta de manera particular a defensores de derechos humanos, líderes sociales, comerciantes, migrantes, jóvenes, mujeres y comunidades vulnerables, quienes están en alto riesgo de victimización.
En la zona, el ELN ha afianzado su presencia en las áreas rurales de Cúcuta y Puerto Santander, mientras que el EGC ha expandido sus operaciones hacia las urbanizaciones, incrementando la inseguridad. Por su parte, las bandas criminales han fortalecido su control sobre actividades como el microtráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes, utilizando los pasos fronterizos para sus actividades ilegales.
La alerta también subraya la deteriorada situación socioeconómica, donde la pobreza y la falta de servicios básicos aumentan la vulnerabilidad de la población. Esta situación ha sido especialmente dura para los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Yukpa, quienes son explotados en actividades ilícitas, exacerbando la crisis humanitaria.
En respuesta a este escenario, la Defensoría del Pueblo ha emitido un fuerte llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que tomen medidas inmediatas. Se han propuesto 39 recomendaciones en seis ejes estratégicos, que incluyen la coordinación de respuestas rápidas, disuasión de la violencia, prevención y protección, atención humanitaria y el fortalecimiento del sistema judicial.
“Es imperativo que actuemos ahora para proteger los derechos humanos en Norte de Santander, garantizando una presencia institucional robusta y una respuesta humanitaria efectiva“, afirmó Marín Ortiz, urgiendo a la acción conjunta para revertir esta situación y asegurar un entorno seguro para todos los habitantes de la región.