La Gobernación de Antioquia anunció que ordenará una auditoría forense a la EPS Savia Salud para establecer cuál es la situación financiera, administrativa y operativa con la que la entidad será devuelta a sus socios, luego de tres años de intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
La medida se da en medio del proceso de empalme que adelantan la Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, propietarios de la EPS, tras el fallo judicial que ordenó el regreso de la administración de la entidad a sus dueños. Las autoridades aseguraron que durante este proceso se garantizará la continuidad de la atención para los cerca de 1,5 millones de afiliados.
La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano Sánchez, advirtió sobre el deterioro financiero de la EPS durante el periodo de intervención. Según explicó, cuando el Gobierno Nacional asumió el control de Savia Salud en 2023, la entidad registraba deudas cercanas a los 500 mil millones de pesos. Sin embargo, tres años después, la cartera ascendería a cerca de 2 billones de pesos.
“Una auditoría forense nos dirá la realidad con la que nos devuelven la EPS Savia Salud”, afirmó la funcionaria, quien aseguró que también se han evidenciado dificultades en la prestación de servicios y demoras en la atención a los usuarios. Por ello, señaló que el objetivo es conocer con precisión el estado de la entidad y definir las acciones necesarias para su recuperación.
Desde la Gobernación sostienen que el proceso de devolución debe realizarse con responsabilidad y transparencia, teniendo como prioridad a los usuarios. En ese sentido, la administración departamental trabaja de manera conjunta con Medellín y Comfama para construir una hoja de ruta que permita restablecer la estabilidad financiera y operativa de la EPS.
El proceso de empalme también ha generado controversia por la participación de Jhonatan Villada, exsecretario General durante la administración de Daniel Quintero. Villada fue una de las figuras más polémicas del anterior gobierno local debido a investigaciones y cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas, entre ellas la modificación de manuales de funciones en la Alcaldía de Medellín. Su participación en el proceso de transición ha despertado críticas desde distintos sectores políticos, que piden garantías de transparencia en la entrega de la EPS.
La Secretaría de Salud espera que el empalme concluya antes del próximo 30 de junio y reiteró el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que facilite el proceso. Mientras avanza la transición, las autoridades insistieron en que la atención de los afiliados no se verá afectada y que el principal objetivo será recuperar la confianza en la EPS más grande de Antioquia.