El paro minero y campesino en Colombia, que ya completa cuatro días, ha comenzado a generar serias afectaciones en varias regiones del país, con bloqueos viales y perturbaciones que amenazan con desatar una crisis de desabastecimiento en zonas claves. En departamentos como Santander, Norte de Santander, Córdoba y Risaralda, los efectos de estas manifestaciones se han intensificado, afectando la movilidad, el acceso a productos básicos y el tránsito de servicios de emergencia.
En Santander, los bloqueos en la vía Bucaramanga – Barrancabermeja han impedido el establecimiento de un corredor humanitario, dificultando el paso de ambulancias y generando preocupaciones entre los habitantes y autoridades locales. Las comunidades campesinas en Norte de Santander mantienen cerradas las vías que conectan el departamento con el centro del país, lo que ha comenzado a causar escasez de productos agrícolas, agravando la situación económica de la región.
En Córdoba, los bloqueos han disparado los precios de los alimentos hasta en un 50%, mientras que en Risaralda más de 8,000 mineros se preparan para bloquear la vía Panamericana, una ruta estratégica que conecta Medellín con el puerto de Buenaventura, vital para el comercio y el transporte de mercancías en el país.
El país ya empieza a sentir los efectos del paro en diversas áreas, y la posibilidad de que vías troncales queden completamente bloqueadas incrementa la preocupación por el posible desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad en varias regiones. La situación en los mercados locales, sobre todo en Córdoba, muestra un claro aumento en los precios, especialmente de productos frescos, y el temor a una crisis alimentaria crece a medida que los bloqueos persisten.
Ante el agravamiento de la crisis, los miembros de la Coordinación Nacional Minera han solicitado la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo como garante de los derechos humanos. La organización busca que la Defensoría medie con el Gobierno Nacional para instalar una mesa de alto nivel que permita abordar de manera efectiva los problemas que enfrentan. Las demandas de los mineros incluyen la regulación del sector, condiciones laborales dignas, y el reconocimiento de sus derechos como trabajadores, problemáticas que, según ellos, el Gobierno ha dejado de lado.
En respuesta a la crisis, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció el inicio de una mesa técnica de diálogo para facilitar acuerdos con las comunidades. Sin embargo, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, será quien liderará el proceso. La ministra destacó que una delegación conformada por más de 20 funcionarios del Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente ya está trabajando en las reivindicaciones de los manifestantes. “Esperaremos cómo se desarrolla el proceso”, dijo Muhamad.
La ministra también señaló que se espera instalar mesas de diálogo con los mineros tradicionales del Bajo Cauca para avanzar en la formalización de muchos de ellos y desmantelar las economías ilícitas que, según el Gobierno, generan graves afectaciones ambientales en la región.