Senadora María Fernanda Cabal apoya descentralización fiscal y propone controlar el gasto del gobierno central

La senadora María Fernanda Cabal reafirmó su apoyo a la descentralización fiscal durante el debate en la plenaria del Senado de la República, subrayando la necesidad de distribuir recursos de manera eficiente hacia las regiones y evitar la duplicidad de funciones. Con el objetivo de equilibrar la relación financiera entre el gobierno central y las entidades territoriales, Cabal respaldó el proyecto que modifica el Sistema General de Participación, ya aprobado en sexto debate, como una base para asegurar el desarrollo local y reducir la concentración de poder en el Estado central.

En su intervención, la senadora planteó una proposición para ampliar el alcance del proyecto, sugiriendo que el gobierno nacional debe presentar un informe anual sobre las reducciones en su presupuesto, equivalente a las funciones que se delegan a las entidades territoriales. “Es necesario combatir la concentración de poder en el gobierno central y permitir que las regiones puedan gestionar sus propios recursos”, afirmó Cabal, defendiendo la importancia de una mayor autonomía regional.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, expresó su respaldo a la descentralización, aunque llamó a una discusión “ordenada y responsable” sobre la asignación de recursos. Restrepo subrayó que “el nuevo porcentaje de asignación de recursos a esos entes territoriales no puede aparecer de la nada y mucho menos negociarse a la baja”. Además, enfatizó en la necesidad de definir claramente las competencias que se trasladarán a las entidades territoriales y qué entidades del gobierno central podrían ser eliminadas para garantizar que el proceso sea financieramente sostenible. “El primer paso es saber qué competencias se asignan a los entes territoriales y qué entidades se van a eliminar del gobierno central”, concluyó.

Analistas advierten que cambiar las transferencias de recursos sin definir previamente las responsabilidades de las regiones podría desestabilizar las finanzas del Estado. En ese sentido, el debate ha suscitado preocupaciones sobre cómo garantizar que este proceso contribuya al desarrollo sin comprometer la estabilidad fiscal del país.