El penalista estadounidense Barry J. Pollack, uno de los abogados más reconocidos en Washington en materia de delitos federales complejos, asumió formalmente la representación legal de Nicolás Maduro ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La designación quedó registrada mediante la radicación del documento procesal appearance of counsel, con el cual Pollack notificó oficialmente al tribunal que ejercerá la defensa del exmandatario venezolano en el proceso penal que se adelanta en su contra en Estados Unidos. Este paso acredita de manera formal la representación legal y marca el inicio de la estrategia jurídica de Maduro tras su captura y traslado al país.
La incorporación de Pollack introduce en el caso a un abogado con amplia experiencia en litigios de alto perfil, muchos de ellos atravesados por consideraciones políticas, diplomáticas y de seguridad nacional. Con más de 35 años de ejercicio profesional, el penalista ha intervenido en procesos por espionaje, delitos financieros y causas emblemáticas como las derivadas del colapso de Enron, además de participar en revisiones de condenas erróneas dentro del sistema federal.
Pollack alcanzó proyección internacional al liderar durante más de una década la defensa de Julian Assange. En 2024 negoció con el Departamento de Justicia el acuerdo que permitió la liberación del fundador de WikiLeaks, tras la admisión de un único cargo menor vinculado a la Ley de Espionaje, un desenlace que consolidó su reputación como negociador eficaz en causas sensibles relacionadas con secretos oficiales.
El abogado es socio del despacho Harris St. Laurent & Wechsler, con oficinas en Washington y Nueva York, y es una figura habitual en procesos de alta exposición mediática. Su llegada al equipo jurídico de Maduro anticipa una defensa técnicamente sofisticada, con énfasis en los aspectos procesales, jurisdiccionales y probatorios del caso.
La causa contra Nicolás Maduro se tramita en una de las jurisdicciones federales más relevantes de Estados Unidos para procesos criminales de impacto internacional y se desarrolla bajo una atención global excepcional, en un contexto de tensiones políticas y definiciones judiciales con alcance hemisférico.