Una nueva controversia sacude al Gobierno Nacional tras la denuncia del concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien alertó sobre un millonario contrato publicado en el Secop y que, según él, estaría destinado a financiar eventos que podrían convertirse en plataforma de campaña para la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro.
Según Briceño, el convenio, que asciende a $88.964.440.069, contempla la prestación de servicios audiovisuales, catering, transporte, promoción cultural, entre otros, y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. “Armando Benedetti acaba de convertir a la empresa de servicios postales 472 en un operador logístico de chivas, buses, tarimas, refrigerios, almuerzos y politiquería. En total se gastará $88.964.440.069 en politiquería en 6 meses, serán $494.000.000 diarios. La campaña empezó”, escribió el concejal en su cuenta de X.
La denuncia generó una rápida respuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien a través de la misma red social aseguró que el contrato aún no ha sido firmado y desestimó las acusaciones, calificándolas como parte de una “persecución política”.
En medio del escándalo, la Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones formales al ministro Benedetti y le otorgó un plazo de tres días para responder ocho preguntas clave relacionadas con el contrato, entre ellas:
- ¿Ya fue firmado el contrato?
- ¿Cómo se seleccionó a RTVC como ejecutor del convenio?
- ¿Cuenta RTVC con la experiencia logística necesaria para asumir un proyecto de esta envergadura?
- ¿Cuál es el objetivo real del contrato y su vinculación con la consulta popular?
La atención pública se centra ahora en las respuestas que entregue el ministro, en medio de crecientes sospechas sobre el posible uso de recursos estatales con fines electorales. La consulta popular, que aún no ha sido oficialmente convocada, es uno de los ejes del proyecto político del presidente Petro, quien ha insistido en ella como un mecanismo de refrendación popular de sus reformas estructurales.
Mientras tanto, la oposición pide vigilancia estricta sobre los recursos públicos y advierte sobre un posible uso indebido de entidades estatales para favorecer intereses políticos.