La senadora María Fernanda Cabal expresó su preocupación frente a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro convoque una consulta popular por decreto, luego de que esta propuesta fuera rechazada por el Congreso de la República.
Según la congresista del Centro Democrático, una eventual decisión del Ejecutivo de avanzar con este mecanismo sin el respaldo del legislativo constituiría una “amenaza directa” al ordenamiento jurídico colombiano. Cabal recordó que tanto la Ley 134 de 1994 como la Ley 1757 de 2015 establecen de forma clara los procedimientos que deben cumplirse para llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares, lo que —a su juicio— impediría al presidente emitir un decreto con ese propósito.
“Si esto se concreta, estaríamos ante un acto abiertamente inconstitucional; sería un golpe a la separación de poderes y un desafío frontal al Estado de derecho. Señores, esto sí es un verdadero golpe de Estado. Aquí no se trata de ideologías, se trata de respetar la Constitución y la separación de poderes”, declaró Cabal con tono enérgico.
La senadora también hizo un llamado urgente a instituciones como la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y el propio Congreso de la República, para que se pronuncien y actúen ante lo que considera un posible desconocimiento del marco institucional del país.
“La consulta ya fue rechazada por el Senado de la República. Hago un llamado urgente a la Corte Constitucional, al Congreso, a la Procuraduría y a la ciudadanía: no podemos permitir que el país sea sometido a los caprichos de un personaje como Petro. El funcionario público está constituido para hacer únicamente lo que le permite la ley”, concluyó Cabal.
La senadora aseguró estar lista para interponer una demanda contra el eventual decreto con el que el presidente Petro pretendería avanzar en la consulta.
“Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de derecho”.
Finalmente, agregó que es necesario que desde el Senado se oficie una comunicación formal al Registrador Nacional del Estado Civil para impedir que convoque a las urnas, dado que ya existe una decisión de fondo que impide la realización de la consulta.