La senadora María Fernanda Cabal ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado en contra del Decreto 1275 de 2024, que transfiere competencias ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) a las comunidades indígenas en sus territorios. Cabal argumenta que esta medida representa una extralimitación de funciones del poder ejecutivo y vulnera la autonomía de las CAR, establecida constitucionalmente.
Cabal cuestiona la legalidad del decreto, señalando que “infringe las normas constitucionales y legales al otorgar competencias ambientales a las comunidades indígenas, sin respetar las atribuciones propias de las CAR”. Según la senadora, la Constitución, en su artículo 150, asigna exclusivamente al Congreso la potestad de crear y regular las CAR, que operan con autonomía conforme a la Ley 99 de 1993.
La demanda también plantea que, de acuerdo con la Constitución y la Ley 99 de 1993, las CAR son las únicas entidades competentes para gestionar los asuntos ambientales en las diferentes regiones del país. Cabal insiste en que un decreto no puede modificar estas competencias sin que se afecte el régimen de autonomía de las CAR, al ser instituciones constituidas para administrar el medio ambiente en cada jurisdicción.
Además, la senadora subraya que el decreto otorgaría competencias sancionatorias y de emisión de permisos a comunidades indígenas, sin que estas cuenten con la capacidad jurídica para actuar en territorios que no son reconocidos como jurisdicción indígena. Esta situación, según Cabal, podría generar inseguridad jurídica y conflictos de competencias en la gestión ambiental.
Con esta acción legal, Cabal busca que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto, argumentando que esta transferencia de funciones no solo afecta la autonomía de las CAR, sino que también altera el equilibrio institucional definido por la Constitución y las leyes ambientales.