Cabal demandará el decreto del Gobierno que busca imponer impuestos a las billeteras digitales

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que presentará una demanda contra el decreto del Gobierno Nacional que pretende gravar con impuestos las transacciones comerciales realizadas a través de billeteras digitales como Nequi, Daviplata y Movii. La medida, impulsada por el Ejecutivo, ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores económicos y políticos, que advierten sobre su impacto en los ciudadanos de menores ingresos.

“Vuelve y nos quiere robar Gustavo Petro con un proyecto de decreto donde grava las transacciones de las billeteras digitales”, afirmó Cabal, señalando que el propósito inicial de estas plataformas era facilitar la bancarización y la formalización económica de los colombianos sin acceso al sistema financiero tradicional.

La congresista cuestionó la contradicción de imponer tributos sobre un servicio que millones de personas utilizan para realizar pagos, transferencias y compras básicas. “¿Quién no usa Nequi, quién no usa todas estas ofertas tecnológicas desde su celular, que es más barato? Para robarle la platica a la gente”, manifestó con tono crítico.

Cabal también acusó al Gobierno de Gustavo Petro de actuar con una agenda “comunista”, asegurando que con esta decisión se estaría “dejando más pobres a los pobres”. Según la senadora, la iniciativa desincentiva el uso de plataformas digitales y podría provocar un retroceso hacia la informalidad económica.

“Crearon Bre-B para que hubiera una plataforma gratuita para los colombianos y ya lo van a gravar. ¿Sabe qué va a pasar? Volvemos a la informalidad”, advirtió.

La precandidata presidencial sostuvo que interpondrá una demanda contra el decreto por considerar que vulnera los derechos económicos de los ciudadanos y contradice los principios de inclusión financiera promovidos por el propio Estado.

El debate sobre el gravamen a las billeteras digitales sigue abierto, mientras diferentes voces del sector financiero, el Congreso y la ciudadanía piden al Gobierno reconsiderar la medida que podría encarecer las operaciones digitales más comunes entre los colombianos.