La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior, por el presunto uso indebido de un avión y un helicóptero oficiales de la Policía Nacional sin autorización, misión oficial ni justificación institucional.
“He presentado queja formal ante la Procuraduría General de la Nación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior, por el uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional (avión PNC-0242 y helicóptero Bell 212 PNC-0495) los días 19 y 20 de junio de 2025, sin que existiera una misión oficial, autorización legal ni necesidad institucional justificable”, publicó Cabal en su cuenta de X.
En la narrativa del poder, las formas importan tanto como los hechos. Por eso sorprendió que, ante los cuestionamientos, el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, recurrieran al argumento de una “misión secreta” para justificar los desplazamientos de Juliana Guerrero y su hermana Verónica. Según reveló la revista Cambio, la versión oficial sostenía que el viaje era por asuntos de seguridad nacional; sin embargo, documentos internos demostraron que la verdadera razón era intervenir en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) para reformar su estatuto y permitir la reelección inmediata del rector.
Con solo 22 años, Juliana Guerrero ha alcanzado un inusitado poder en el Gobierno Nacional. Aunque su cargo actual es el de secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior, ha sido presentada como asesora de Benedetti, todo esto sin necesidad de un título universitario y estando aún registrada en el Sisbén como beneficiaria de programas sociales.
El viaje a Aguachica, Cesar, tendría como propósito retomar el control del Consejo Superior de la UPC, universidad con un presupuesto anual de 171 mil millones de pesos y redes de contratación que la convierten en un fortín burocrático comparable al de una pequeña gobernación. La reforma estatutaria que impulsaba Guerrero había fracasado en sesiones previas por falta de votos, y su visita relámpago buscaba reactivar la estrategia.
Además de Guerrero y su hermana, en el helicóptero viajó René Hernández, su aliado histórico y actual decano en la UPC, cuyo nombramiento fue realizado por el rector Jesús David Romero. Hernández también trabajó con ellas en la fundación Raíces Afro, entidad que certificó su experiencia para ser contratistas estatales. Según la investigación, Hernández es el perfilado para reemplazar al rector si la reforma no prospera.
Otro de los implicados, José Carlos Pérez Yancy, es considerado ficha de la casa Gnecco. Actualmente, ocupa el cargo de secretario de la Asamblea Departamental del Cesar, bajo el control de clanes políticos tradicionales. Su historial lo vincula con figuras como Eloy Quintero Romero y su hijo Carlos Felipe Quintero.
Ante la filtración de la información, el ministro Benedetti aseguró desconocer el verdadero motivo de los viajes. Según Cambio, cuando se le mostró la evidencia del vuelo en helicóptero, inicialmente reiteró la versión de la “misión secreta de seguridad”. Sin embargo, al enterarse de la reunión universitaria, reaccionó visiblemente sorprendido: “No joda, ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta para un asunto de seguridad nacional. Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad”.
Los vuelos habrían costado al Estado más de 126 millones de pesos solo en combustible, mientras Guerrero sigue inscrita en el Sisbén como persona de pobreza moderada, con ingresos estimados en 320 mil pesos mensuales, pero acumula contratos estatales y vive en un apartamento en Chapinero Alto, una de las zonas más exclusivas de Bogotá. En el mismo edificio reside Ricardo Suárez Belmonte, cercano a su círculo político y exdirector de Fonigualdad, el fondo billonario del Ministerio de Igualdad.
Para Cabal, estos hechos configuran una falta disciplinaria grave por comprometer recursos públicos y vulnerar el principio de legalidad. “No se puede permitir que los bienes públicos sean usados como si fueran privados. Exijo que se investigue y se sancione este abuso que pone en evidencia el desgreño y el descaro de algunos funcionarios de este gobierno”, afirmó la senadora.
La Procuraduría deberá determinar si abre investigación formal en un caso que suma nuevos cuestionamientos al uso discrecional de recursos estatales por parte de funcionarios del gobierno Petro.