La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático advierte sobre la inclusión de perfiles no técnicos en cargos estratégicos dentro de la autoridad ambiental y solicita una investigación por presunta violación al principio de mérito.
María Fernanda Cabal, reconocida opositora del presidente Gustavo Petro, presentó este miércoles una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue presuntas irregularidades en la reciente modificación del manual de funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según la senadora, el cambio introducido por la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025 permitiría que profesionales sin formación técnica específica, como filósofos y teólogos, puedan ocupar cargos de alto nivel dentro de una entidad con responsabilidades eminentemente científicas y técnicas.
“Acabo de radicar una solicitud formal ante la Procuraduría para que investigue la modificación del manual de funciones de la ANLA con ocasión de la llegada de Irene Vélez, quien pretende nombrar profesionales en filosofía y teología. Como hicieron con el Ministerio de Minas y Energía, prefirieron la militancia sobre los expertos técnicos”, señaló Cabal a través de su cuenta de X.
La denuncia incluye un análisis jurídico en el que se cuestiona que los nuevos requisitos habiliten el acceso a cargos como la Subdirección Técnica, la Subdirección de Mecanismos de Participación Ambiental y la Oficina Asesora del Despacho del Director General, sin exigir formación especializada en áreas como ingeniería ambiental, biología, derecho ambiental o economía.
Para Cabal, se trata de “una aberración institucional” que pone en riesgo la rigurosidad de los procesos de licenciamiento ambiental. “La ANLA no puede convertirse en un fortín ideológico del gobierno. Esta entidad requiere criterio técnico, jurídico y científico, no afinidades ideológicas”, afirmó.
Riesgos para la institucionalidad
La congresista sostiene que este tipo de modificaciones violan principios fundamentales del servicio público como el mérito, la idoneidad y la especialidad técnica, establecidos en la Ley 1952 de 2019 y en el artículo 6 de la Constitución Política.
“Estamos ante una posible extralimitación de funciones orientada a beneficiar intereses personales o políticos”, argumenta el documento radicado, que pide a la Procuraduría establecer posibles responsabilidades disciplinarias por la flexibilización de los requisitos para cargos estratégicos.
Cabal también recordó que prácticas similares fueron señaladas durante el paso de Irene Vélez por el Ministerio de Minas y Energía, donde —según la senadora— se privilegiaron criterios ideológicos por encima de la experiencia técnica. “Esto hace parte de una estrategia deliberada del petrismo para infiltrar el aparato estatal con militantes”, concluyó.
Hasta el momento, ni la ANLA ni el Gobierno Nacional han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.