Al menos siete vuelos oficiales que superaron los $120 millones de recursos públicos salpican a Juliana Guerrero, la mujer que el presidente Gustavo Petro pretende nombrar como Viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad.
El caso más escandaloso se registró el 19 de junio de 2025, cuando Guerrero viajó junto a su hermana —que no es funcionaria pública— en un avión ATR de la Policía Nacional con capacidad para 44 pasajeros, pero en el que solo iban ellas dos. El costo del desplazamiento Bogotá–Valledupar ascendió a $34,7 millones, un lujo pagado con dinero de los colombianos.
La investigación, revelada por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, advierte que Guerrero no solo usó estas aeronaves como si fueran taxis privados, sino que además lo hizo en representación del Gobierno Nacional sin tener la facultad legal para ello, pues el Manual de Funciones del Ministerio del Interior no contempla esa posibilidad.
A la polémica por los vuelos se suma un hecho aún más cuestionado: Guerrero será designada viceministra pese a que no cumple los requisitos de ley. La Resolución 178 de 2024 exige título de posgrado o al menos 24 meses de experiencia en temas relacionados, pero su hoja de vida apenas registra un título en contaduría obtenido de manera exprés.
Para la oposición, este nombramiento es un ejemplo del descaro del clientelismo del Gobierno Petro, quien ya había advertido que en el Ministerio de Igualdad quería “desafiar” los criterios tradicionales de experiencia y formación.
Cabal lo resumió así: “No solo convierten las aeronaves oficiales en transporte VIP, sino que premian a quienes no cumplen con la ley ni con la meritocracia”.
El escándalo, divulgado bajo el hashtag #ElPoderGuerrero, refuerza la percepción de que en el Ministerio de Igualdad se impone el derroche, la improvisación y la politiquería, mientras el país enfrenta una de sus mayores crisis fiscales.