La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad con solicitud de suspensión provisional en contra del Decreto 0572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República. Según la parlamentaria, esta medida representa un golpe mortal para millones de colombianos, al anticipar el cobro de impuestos y alterar las tarifas de retención en la fuente.
El polémico decreto, que modifica las tarifas de retención y adelanta el recaudo del impuesto a la renta, impactará directamente el bolsillo de los ciudadanos y la estabilidad de sectores productivos ya asfixiados por la alta carga fiscal. Cabal argumenta que la expedición del decreto vulnera el principio de legalidad y la reserva de ley contemplados en el Artículo 338 de la Constitución, al imponer cargas tributarias sin aprobación previa del Congreso de la República.
“Estamos ante una clara extralimitación del Ejecutivo que afecta directamente la economía nacional y desconoce la separación de poderes”, aseguró la senadora, quien enfatizó que el país no puede permitir que se cobren impuestos de manera anticipada sobre rentas que aún no han sido generadas.
La demanda también advierte que la aplicación de este decreto podría tener consecuencias devastadoras sobre sectores clave como el agro y la industria nacional, que ya enfrentan crecientes dificultades económicas. Cabal hizo un llamado a frenar esta política que califica como arbitraria y peligrosa: “El Gobierno pretende cobrarse por anticipado una renta que muchos aún no han generado. Es un golpe mortal para quienes generan empleo y producen riqueza en este país”.
La senadora finalizó con un contundente mensaje: “Vamos a defender a los colombianos de este gobierno ladrón que sigue usando el poder para asfixiar al ciudadano, castigar al productor y destruir la economía nacional con medidas arbitrarias e ilegales”.
El Decreto 0572 de 2025 ha generado controversia por anticipar el recaudo del impuesto a la renta, lo que, según diversos sectores, amenaza con agravar la situación económica y vulnerar derechos fundamentales de los contribuyentes.