Más de 1,5 millones de colombianos que habitan en la zona del Canal del Dique enfrentan hoy un futuro incierto. El megaproyecto de restauración ambiental y protección contra inundaciones, con un presupuesto superior a los $3 billones, permanece paralizado mientras crece la emergencia en la región Caribe.
El Representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien lidera la “Expedición Magdalena”, llegó al Atlántico para exigir al Gobierno Petro claridad y celeridad sobre la ejecución real de la obra, diseñada para proteger a los municipios ribereños de desbordamientos y tragedias ambientales. La expedición, que comenzó el 5 de julio en Neiva y culminará el 20 de julio en Barranquilla, busca visibilizar el abandono estatal de la arteria fluvial más importante del país.
En Calamar, Bolívar, Uscátegui denunció la inacción gubernamental mientras los niveles del río Magdalena y el Canal del Dique superan los 7,18 metros, generando alerta roja del Ideam y obligando a la Gobernación del Atlántico a declarar calamidad pública. Según la UNGRD, más de 26.000 familias están en riesgo directo de inundaciones, y el 30% de la producción agrícola del sur del Atlántico podría verse afectada.
“La obra está detenida. El Gobierno tiene congelados $700.000 millones y no ha expedido las licencias ambientales necesarias, mientras las comunidades siguen en emergencia”, señaló Uscátegui, quien radicó derechos de petición al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Transporte para conocer detalles sobre los recursos, el cronograma de ejecución y la supervisión técnica del proyecto.
El Canal del Dique contempla esclusas y soluciones hidráulicas en 115 kilómetros entre Calamar y la Bahía de Cartagena, con una inversión que debía ser cubierta en su mayoría por la Nación. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro suspendió más de $710.000 millones destinados a su etapa de preconstrucción, generando retrasos críticos confirmados por Cormagdalena y la ANLA.
Uscátegui advirtió que, de no recibir respuesta en los plazos legales, llevará el caso ante la Contraloría General y la Procuraduría para garantizar que los recursos públicos no se pierdan y la voz de los ribereños sea escuchada.
“La protección del río y de millones de colombianos no puede seguir siendo víctima de la burocracia, la negligencia y la falta de voluntad política. El proyecto debe avanzar con transparencia”, concluyó el congresista.