Un nuevo escándalo golpea al Gobierno de Gustavo Petro. Según una investigación de Noticias RCN, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y prófugo de la justicia, habría obtenido residencia en Nicaragua con apoyo de la Embajada de Colombia en ese país, el mismo día en que la Fiscalía lo imputó por corrupción.
La revelación indica que el 21 de mayo de 2025, fecha en que González fue acusado de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación, la representación diplomática colombiana solicitó formalmente la renovación de su cédula de residencia en Nicaragua, beneficiando al exfuncionario a pesar de existir una orden de captura en su contra.
Documentos divulgados por el medio señalan que González reside en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. Su documento de residencia, expedido el 16 de diciembre del mismo año, debía renovarse en junio de 2025. La gestión oficial del Gobierno colombiano permitió que el trámite se realizara sin contratiempos, a pesar de que González es señalado como uno de los cabecillas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La noticia ha generado una ola de reacciones políticas. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, anunció que presentará una denuncia penal contra la entonces canciller Laura Sarabia y contra funcionarios de la embajada en Managua, por presuntos delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato. “El 21 de mayo, el señor Carlos Ramón González fue imputado por la justicia, y la canciller de entonces permitió que recibiera ayuda del Gobierno para evadir la justicia en Colombia”, señaló Briceño.
En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció brevemente en su cuenta de X: “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.
Aunque la Fiscalía y la Policía tienen vigente una orden de captura contra González, su arresto fuera del país sigue pendiente de un trámite ante Interpol. El 4 de julio, el ente acusador solicitó la emisión de una circular roja que permitiría su detención en más de 190 países, pero más de un mes después la sede central de la organización internacional aún no ha dado respuesta.