Tras la masacre de una familia, se desatan fuertes combates en Tibú y La Gabarra, agravando la crisis humanitaria en la región.
El Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia, vive una nueva escalada de violencia tras la masacre de la familia López Durán, en la que perdió la vida un bebé de nueve meses. Los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN se intensificaron en zonas como Tibú, San Pablo, La Gabarra y Filo Gringo, dejando a la población en medio de un fuego cruzado que ya reporta heridos y varios muertos, según fuentes militares.
La masacre ocurrió cuando Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé fueron asesinados mientras se movilizaban en su vehículo en Tibú, Norte de Santander. Según información preliminar, el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN habría ejecutado el ataque, presuntamente motivado por el rol de la familia como propietarios de una funeraria que atendía tanto a civiles como a miembros de grupos armados.
La reacción de las disidencias de las FARC no se hizo esperar, y los enfrentamientos con el ELN han sumido al Catatumbo en un clima de terror. Alias Andrey, representante de las disidencias, denunció que el ELN ha atacado a sus unidades, matado civiles y expulsado a familiares de sus guerrilleros por la fuerza.
Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos, advirtió sobre la grave situación que enfrenta la región:
“Todo indica que ha comenzado una nueva guerra entre las FARC y el ELN en el Catatumbo. La población civil terminará siendo la más afectada, como siempre”.
Las comunidades locales, atrapadas en medio de los combates, han lanzado un desesperado llamado de auxilio con la etiqueta #SOSCatatumbo, buscando la atención de las autoridades nacionales e internacionales.
El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Norte de Santander, aseguró que se han tomado medidas para esclarecer el asesinato de la familia López Durán. Se ha conformado un equipo especializado para investigar el crimen y se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.
Mientras tanto, el gobierno ha instruido a las fuerzas armadas para reforzar la presencia en la zona y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas. Sin embargo, la violencia continúa, y la falta de garantías para la población civil mantiene a la región en una crisis humanitaria sin precedentes.
La guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN representa un retroceso en los esfuerzos por la pacificación de Colombia. Mientras la violencia crece, las comunidades del Catatumbo exigen soluciones concretas que les permitan vivir en paz.
El futuro de esta región, rica en recursos naturales pero devastada por décadas de conflicto armado, dependerá de una intervención decidida del Estado y del compromiso de todos los actores para frenar esta nueva ola de violencia.