Las principales centrales obreras del país —la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)— expresaron su rechazo al decreto del Gobierno Nacional que elimina el arancel del 10 % a las importaciones provenientes de China. Según advirtieron, la medida podría tener consecuencias graves para la industria textil, el empleo femenino y la producción agrícola en varias regiones del país.
El gremio textil e hilandero, junto con asociaciones de productores algodoneros, aseguró que la decisión afectará directamente a la economía nacional y a miles de familias que dependen de esta cadena productiva. Los departamentos de Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta —principales zonas de cultivo de algodón— serían los más golpeados.
De acuerdo con las centrales, la eliminación del arancel no promueve la competitividad, sino que amenaza la sostenibilidad de grandes, medianas y pequeñas empresas del sector. Actualmente, solo seis plantas de hilatura generan más de 8.000 empleos, la mayoría ocupados por mujeres cabeza de hogar, y abastecen cerca del 25 % de la demanda nacional de hilo.
“Quisiera entender cómo un gobierno de izquierda decide desindustrializar el país para abaratar costos, cuando hasta Donald Trump impuso aranceles para proteger a sus trabajadores”, cuestionó Luis Rodrigo Carmona, presidente del sindicato Sindelhato Fabricato.
Los empresarios advierten que, si la medida se mantiene, los productos asiáticos podrían ingresar al país hasta un 35 % por debajo del costo real de producción local, lo que representaría una pérdida fiscal cercana a los 165.000 millones de pesos anuales.
Además, alertaron que el fin de la producción nacional de hilo pondría en riesgo las exportaciones de confecciones, ya que Colombia podría perder las reglas de origen de los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, México y la Unión Europea, cerrando así mercados clave para el sector.
Ante este panorama, las organizaciones laborales y empresariales pidieron al Gobierno Nacional suspender la aplicación del decreto y convocar una mesa interministerial que reúna al sector textil, las centrales obreras, los gremios agrícolas y la academia, con el fin de analizar los impactos del “dumping asiático” y definir políticas para fortalecer la producción nacional y proteger el empleo formal.