Centro Democrático desmiente a la JEP sobre “falsos positivos”

El Centro Democrático, partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que desmiente las recientes afirmaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la existencia de una supuesta política de facto que habría privilegiado el conteo de bajas durante el gobierno de Uribe (2002-2010), facilitando la ocurrencia de los denominados “falsos positivos”.

El partido calificó estas declaraciones como “graves imprecisiones” y aseguró que carecen de fundamentos. Según el comunicado:

  • Durante el período 2002-2010, las estadísticas reflejan un enfoque en la desmovilización y captura de miembros de grupos armados ilegales, con 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 bajas en combate legítimo, dejando claro que la política de seguridad democrática no priorizaba el conteo de cuerpos como estrategia central.
  • El Centro Democrático criticó que la JEP no presentara pruebas concretas ni identificara responsables claros de la supuesta política. Además, rechazó que se estigmatice a la Fuerza Pública con acusaciones que, según el partido, no se basan en evidencias verificables.
  • En cuanto al conteo de 6.402 víctimas atribuido a los “falsos positivos”, el partido señaló que los documentos que supuestamente respaldan estas cifras no son de acceso público, contradiciendo lo expresado por la JEP en una entrevista con El Espectador el pasado 17 de noviembre.

El comunicado también citó al relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Ashton, quien en 2010 afirmó no haber encontrado pruebas de que las ejecuciones de civiles formaran parte de una política oficial del Gobierno colombiano.

El Centro Democrático concluyó acusando a la JEP de convertirse en un instrumento de venganza política y de distorsionar su misión principal, que debería ser garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado.

Finalmente, el partido reiteró su compromiso con la defensa de la política de seguridad democrática y la honra de quienes lideraron la lucha contra el terrorismo en Colombia.