El Centro Democrático, liderado por su director nacional Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, expresó su preocupación ante las recientes declaraciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre la supuesta existencia de un patrón de acción criminal denominado “conteo de cuerpos” durante los años más críticos del conflicto armado en Colombia.
En una carta dirigida a los magistrados de la JEP, el partido defendió los esfuerzos realizados por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez para prevenir, investigar y sancionar a los responsables de los llamados “falsos positivos”. Según el documento, durante este periodo no existió ninguna política basada en el “body counting”, afirmando que esta expresión solo fue utilizada públicamente en administraciones posteriores, específicamente en una conversación del expresidente Juan Manuel Santos con el padre Francisco de Roux.
El partido recordó los avances alcanzados bajo la Política de Seguridad Democrática, destacando los siguientes resultados:
- 53,000 desmovilizados.
- 36,000 capturados.
- 13,900 bajas en combate.
Estos números, según el Centro Democrático, evidencian el enfoque legítimo y respetuoso de los derechos humanos que guió las acciones del gobierno en su lucha contra las estructuras criminales.
Asimismo, se destacó la creación de mecanismos específicos para prevenir violaciones a los derechos humanos, como la implementación de asesores jurídicos en batallones, la cooperación con Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), y la destitución de altos mandos militares involucrados en casos de posibles irregularidades.
El partido también citó al relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien afirmó en 2010 que no existían pruebas que indicaran que los homicidios de civiles formaran parte de una política oficial o hubieran sido ordenados por altos funcionarios del gobierno.
Finalmente, el Centro Democrático llamó a la JEP a evitar conclusiones apresuradas o ideológicamente sesgadas que puedan erosionar la confianza en las instituciones de justicia y distorsionar la verdad histórica. Reiteraron su compromiso con una justicia imparcial que promueva la reconciliación nacional y garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.