Una fuerte advertencia lanzó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante un encuentro en Bogotá: la implementación de la Ley 2232, que regula el plástico de un solo uso en Colombia, debe realizarse bajo estrictos criterios de transición justa para evitar impactos laborales, económicos y sociales que puedan derivar en vulneraciones de derechos humanos. El mensaje fue entregado por Javier Palummo, relator de derechos humanos del organismo, quien insistió en que el país no puede avanzar hacia la transformación ambiental “dejando a las personas atrás”.
“El Estado no puede dejar de lado los derechos para alcanzar objetivos loables. Los derechos humanos son infranqueables; no se puede violar un derecho para conseguir otro”, afirmó Palummo. Explicó que la eliminación progresiva del plástico exige cambios tecnológicos y productivos que deben estar acompañados de consensos reales: “La transición justa es progresiva y solo es posible mediante el diálogo. La carga no puede recaer únicamente sobre los empresarios del plástico, pero tampoco sobre los trabajadores”.
Desde el sector productivo, la intervención fue recibida como una confirmación de lo que vienen reclamando desde hace más de un año. Andrés Botero, director ejecutivo de la Cámara Ambiental del Plástico, aseguró que la advertencia de la CIDH valida las preocupaciones de miles de pequeñas y medianas empresas que hoy se enfrentan a plazos más cortos que los otorgados a grandes compañías. “El llamado es claro: la transición no puede hacerse sin diálogo ni a costa de los trabajadores. Miles de empleos están en riesgo y el Gobierno no ha instalado una mesa técnica real. Pedimos concertación y aún no existe ese canal formal”, señaló.
Para la CIDH, el mayor riesgo es que una implementación acelerada y sin estudios técnicos conduzca a violaciones de derechos fundamentales como el trabajo y la igualdad. Palummo recalcó que “es inaceptable que quienes realizan una labor esencial deban pagar el costo de un cambio climático al que no han contribuido”, en referencia a las pequeñas industrias y a quienes dependen de esta cadena productiva. Aunque reconoció que la reducción del plástico “no tiene punto de retorno”, subrayó que su velocidad debe ir acompañada de garantías y participación.
La Cámara del Plástico reiteró que está lista para aportar estudios, alternativas tecnológicas y rutas de reconversión productiva, pero insistió en que el Gobierno debe cumplir el estándar recomendado por la CIDH y abrir una mesa de diálogo vinculante. “Queremos una transición seria, responsable y justa. Lo que está en juego no es solo la agenda ambiental, sino el futuro de miles de familias”, concluyó Botero.