La concejal de Medellín Claudia Carrasquilla respaldó y sustentó jurídicamente la demanda de nulidad presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, contra la resolución de la Fiscalía General de la Nación que levantó órdenes de captura y permitió la libertad de 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La acción fue radicada ante el Consejo de Estado y busca tumbar la decisión emitida el pasado 27 de marzo de 2026.
Según explicó la cabildante, uno de los puntos centrales de la demanda es que la resolución no tendría carácter judicial, sino administrativo, razón por la cual sí puede ser demandada ante la jurisdicción contenciosa. En su pronunciamiento, Carrasquilla sostuvo que la fiscal actuó en función administrativa y que, por tanto, el acto sería susceptible de nulidad.
La concejal argumentó además que la decisión habría incurrido en una presunta extralimitación de funciones, al considerar que la Fiscalía no está facultada para adoptar determinaciones que corresponden exclusivamente a los jueces, especialmente cuando se trata de personas condenadas. En ese sentido, señaló que el artículo 250 de la Constitución delimita las funciones del ente acusador a investigar y acusar, sin darle competencia para modificar la situación jurídica de privados de la libertad.
Otro de los reparos expuestos por Carrasquilla apunta a la motivación jurídica de la resolución. De acuerdo con su lectura, el acto estaría sustentado de manera errónea en la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de Paz Total. La concejal aseguró que esa norma permite avanzar en procesos de diálogo, pero no autoriza suspender órdenes de captura ni alterar la situación jurídica de personas ya condenadas.
La cabildante insistió en que cualquier decisión relacionada con libertades, beneficios o cambios en la situación jurídica de personas privadas de la libertad corresponde exclusivamente a los jueces de ejecución de penas. A su juicio, permitir que la Fiscalía o el Gobierno asuman ese rol rompe la separación de poderes y vulnera el Estado de Derecho.
Finalmente, Carrasquilla expresó su respaldo a la demanda impulsada por el gobernador Rendón y aseguró que el propósito de esta acción es restablecer el orden constitucional y evitar que decisiones administrativas terminen generando efectos favorables sobre estructuras criminales del Valle de Aburrá