La violencia contra las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos sigue siendo una herida abierta en Colombia. En lo que va del año, 22 mujeres han perdido la vida mientras defendían los derechos de sus comunidades y promovían la paz en sus territorios, según un informe presentado por Indepaz y USAID Colombia.
Estos asesinatos han ocurrido en 13 departamentos, reflejando una preocupante falta de garantías para quienes ejercen liderazgo en entornos vulnerables. Entre las víctimas se encuentran siete dirigentes comunitarias, seis lideresas comunales y tres lideresas indígenas, quienes luchaban por los derechos de sus comunidades a pesar de los riesgos constantes.
El Cauca encabeza la lista de departamentos con mayor número de casos, reportando cuatro asesinatos. Le siguen Bogotá y Valle del Cauca, con tres cada uno, mientras que Antioquia y Chocó registraron dos crímenes cada uno. Los departamentos de Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Guaviare, Huila y Santander han reportado un asesinato cada uno.
El caso más reciente ocurrió en noviembre, con el asesinato de Lida Katherine Rojas Torres, lideresa, empresaria y defensora de derechos humanos en la vereda Plan Brisas de Aguazul, Casanare. Este trágico hecho marcó un sombrío cierre del mes, tras cuatro periodos particularmente violentos en abril, mayo, junio y agosto, donde se reportaron tres crímenes en cada uno.
Ante esta alarmante situación, USAID Colombia expresó su rechazo a través de sus redes sociales:
“La violencia contra lideresas y defensoras de derechos humanos no solo afecta a estas mujeres valientes, sino también a sus comunidades. Rechazamos enérgicamente el asesinato de las 21 lideresas y defensoras de derechos humanos en lo que va del 2024. ¡Las necesitamos #LibresYSeguras de violencias basadas en género!”
Además, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han solicitado al gobierno nacional medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia que afecta de manera desproporcionada a las mujeres líderes, especialmente en zonas rurales y de conflicto.
A pesar de los esfuerzos internacionales y nacionales, la violencia contra lideresas sigue siendo un grave desafío para la construcción de paz en Colombia. Este panorama evidencia no solo la precariedad de los sistemas de protección, sino también la urgencia de implementar políticas integrales que garanticen la seguridad de quienes, día a día, arriesgan sus vidas por sus comunidades.
El gobierno, organizaciones internacionales y la sociedad civil tienen en sus manos la tarea de actuar con contundencia para que este flagelo no continúe apagando las voces de las mujeres que trabajan por un país más justo y en paz.