Al menos 46 familias campesinas, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes, se vieron obligadas a abandonar sus viviendas en la vereda La Fuente, zona rural de Aracataca, tras enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (EGC).
La alerta fue emitida por la Defensoría del Pueblo, que confirmó el desplazamiento forzado hacia el casco urbano del municipio y advirtió que varias de las familias no han recibido atención humanitaria inmediata, pese a que la emergencia fue reportada a las autoridades locales y departamentales.
Los combates no solo interrumpieron la rutina campesina, sino que paralizaron la economía local y dejaron a quienes permanecen en la zona en alto riesgo. Según la Defensoría, existen restricciones severas a la movilidad y prácticas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario, como la retención de celulares, alimentos y medios de transporte.
La entidad expresó “profunda preocupación” por la situación humanitaria que enfrentan las comunidades rurales, al tiempo que recordó que este escenario ya había sido advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, donde se señalaba el deterioro de la seguridad en la Sierra Nevada y su área de influencia debido a la disputa territorial entre estos grupos armados.
Ante el agravamiento de la crisis, la Defensoría exigió a las autoridades implementar de manera inmediata e integral las recomendaciones contenidas en la alerta temprana, con el fin de prevenir nuevas violaciones de derechos humanos y contener el avance del desplazamiento forzado.
La administración municipal de Aracataca deberá activar el Plan de Contingencia para garantizar alojamiento temporal, alimentación, atención en salud y acompañamiento psicosocial a las familias afectadas. También se solicitó articulación con la Gobernación del Magdalena, la Unidad para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para reforzar la protección de la niñez.
En materia de seguridad, la Defensoría recordó a la Fuerza Pública la obligación de ajustar sus operaciones al Derecho Internacional Humanitario y exigió a los grupos armados respetar el principio de distinción y el deber de precaución frente a la población civil.
Mientras se esperan respuestas institucionales, en la vereda La Fuente permanecen viviendas abandonadas, cultivos sin recoger y familias divididas entre el desplazamiento y la incertidumbre.