Durante un debate de control político liderado por el concejal Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Gury”, se puso sobre la mesa la grave situación que atraviesa el Distrito debido al crecimiento de construcciones ilegales, incluso en zonas de alto riesgo y reserva ambiental.
El debate, dirigido a la Secretaría de Gestión y Control Territorial de la Alcaldía, estuvo marcado por denuncias frente a la proliferación de edificaciones que no cumplen con las normas urbanísticas. Rodríguez señaló que hay casos, incluso en sectores regulados como El Poblado, donde hay denuncias desde hace más de dos años.
Rodríguez, quien mostró especial preocupación por la situación en zonas como Castilla, Moravia, la Iguaná y áreas de retiro de quebradas, y se refirió a posibles hallazgos de la administración anterior que podrían constituir detrimento patrimonial. Frente a esto, hizo un llamado a los entes de control para actuar con celeridad.
Rodríguez fue enfático en que los debates de control político deben ser entendidos como herramientas democráticas para exigir resultados y no como escenarios de confrontación personal. “Yo no vine a polemizar, vine a señalar hechos con base en cifras oficiales. Con las matemáticas no se pelea”, aseguró.
En cuanto a la estrategia de Seguridad y Convivencia, el cabildante reconoció esfuerzos, pero los consideró insuficientes.
Durante su intervención, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez reconoció la magnitud del problema y señaló que más de 50.000 construcciones fueron levantadas sin permisos durante la administración pasada, muchas de ellas en contextos donde operan estructuras criminales.
Recientemente, la Alcaldía ordenó la evacuación y destrucción de 229 viviendas construidas ilegalmente en Altavista y San Antonio de Prado ya que las personas estaban en alto riesgo y agregó que la actual administración trabaja para fortalecer la gestión, incluyendo el uso de nuevas herramientas tecnológicas.
Finalmente, Rodríguez anunció que presentará un proyecto de acuerdo para legalizar predios que no estén en zonas de riesgo, con el fin de garantizar acceso a servicios públicos y aumentar la base contributiva del Distrito mediante el cobro de impuesto predial.