Un reciente informe de la revista Semana reveló que los congresistas de la Cámara de Representantes sumaron más de 1.000 inasistencias durante 2024, un año clave para la discusión de las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Este alto número de ausencias, documentado mediante un derecho de petición, evidencia que los legisladores han estado ausentes por diversos motivos, incluyendo viajes internacionales, foros y actividades externas.
El presidente Petro amenazó recientemente con revelar la lista de congresistas que no asistieron a las plenarias o que votaron en contra de sus proyectos, responsabilizándolos del escaso avance de su agenda legislativa. Sin embargo, la investigación muestra que incluso la bancada de gobierno ha acumulado un número significativo de ausencias, justificadas en algunos casos por permisos oficiales y en otros por razones personales.
Entre los congresistas con más inasistencias se encuentran Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quien registró 19 ausencias justificadas, seguido de Luis Alberto Albán (Comunes) y Yenica Acosta (Centro Democrático), ambos con 16 faltas. Otros nombres destacados en el informe incluyen a Juliana Aray (Partido Conservador), Ingrid Aguirre (Fuerza Ciudadana) y Gerson Montaño (Citrep), con un promedio de 14 ausencias cada uno.
Además de las inasistencias, la investigación señala que los congresistas realizaron aproximadamente 140 viajes internacionales durante el año, argumentando que estos desplazamientos formaban parte de sus funciones legislativas. Estados Unidos, México, China y España fueron algunos de los destinos más frecuentados por los parlamentarios.
El debate sobre el compromiso de los legisladores con sus funciones en el Congreso sigue abierto, mientras que los ciudadanos observan con preocupación el impacto que estas ausencias pueden tener en la aprobación de leyes clave para el país. En este contexto, resulta indignante que los congresistas colombianos reciban un salario mensual de $48,4 millones, lo que equivale a 34,5 veces el salario mínimo. En total, la nómina de los parlamentarios le cuesta al Estado más de $172.137 millones anuales. Aunque existe un nuevo proyecto de ley para reducir esta remuneración a un máximo de 20 salarios mínimos ($28,4 millones), el debate sobre los privilegios de los congresistas y su compromiso con el país sigue generando controversia..